Por: Redacción/

El Secretario de Finanzas de la Ciudad de México, entregó a la Comisión de Gobierno, su propuesta de Ley de Ingresos, Código Fiscal y Decreto de Egresos para el ejercicio 2018, cumpliendo así con el mandato de ley.

En la propuesta, se estima que la ciudad ingresará en el ejercicio fiscal 2018 la cantidad de $213’264,897,840, misma que será el gasto que se ejecutará entre todos los órganos que componen el entramado de gobierno capitalino.

La propuesta incluye una actualización inflacionaria de 1.0548, lo que implica que los precios que pagamos por los conceptos de impuestos, derechos y contribuciones se incrementen en ese factor, esto debido a la inflación que acontece en la economía nacional.

En el Código Fiscal, la propuesta no incluye la creación de nuevos impuestos, pero sí su actualización derivado del incremento inflacionario antes mencionado.

En ese sentido, el Andrés Atayde, Presidente de la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa, lamentó que nuevamente la estimación del gobierno esté por debajo de lo que se espera de ingresos en el 2018: “Lo dije la semana pasada ante los medios de comunicación, no necesitamos de más impuestos, ni de subir los precios. Así, la ciudad ingresará no menos de 243 mil millones de pesos. Que el Secretario nos diga que los ingresos serán de 213 mil millones, me invita a reflexionar dos cosas: o no estamos aplicando los mismos criterios técnicos, o existe falta de voluntad política para minimizar la subestimación.” Afirmó el legislador. Con datos de los informes trimestrales de 2017como referencia, hizo énfasis en que con esta estimación presupuestal, la ciudad es capaz de alcanzar esos ingresos en el tercer trimestre, lo que permite que todo el ingreso del último trimestre sea recurso excedente.

Reconoció el trabajo que ha tenido Amador al frente de la Secretaría de Finanzas, al heredar a la siguiente administración Finanzas Públicas fuertes, sin embargo, resaltó que el nivel de endeudamiento de la ciudad y la subestimación, ha aumentado, situándose hoy en 44 mil 647 millones: “Se lo hemos dicho en tribuna varias veces, la deuda de la Ciudad de México es innecesaria. Querer endeudar a la ciudad en 5 mil 500 millones, cuando le van a sobrar 44 mil millones es una auténtica irresponsabilidad. El tema es que no lo paga él, y posiblemente nosotros tampoco, pero sí nuestros hijos y las siguientes generaciones que sin deberla ni temerla, están siendo irresponsablemente endeudados”, asentó.

El Diputado explicó que el crecimiento de algunos rubros de ingresos se comportan de manera normal al no tener cambios importantes en la base gravable, por lo tanto, se puede pronosticar su crecimiento de manera muy sencilla al observar los últimos años y agregarle el crecimiento inflacionario. En ese sentido, en el rubro de impuestos, donde el Diputado estimó que se recaudarán 65 mil millones de pesos, la Secretaría de Finanzas estima sean solamente 54 mil millones. “Esta sigue siendo un área de oportunidad, donde los criterios técnicos deben imperar, con la firme certeza, que sin importar filias o fobias, en la técnica, podremos coincidir. No puede decirnos que se recibirán sólo 11 mil millones más de lo que ya tenemos en el tercer trimestre de 2017”, sentenció el Diputado.

En referencia a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Diputado explicó que el Presupuesto de Egresos debe prever recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales. El monto que se estableció cumple con lo que mandata el quinto transitorio para el 2018 de al menos 5% de las aportaciones realizadas para reconstrucción de infraestructura dañada que en promedio se hayan ejecutado en los últimos cinco años, como lo indica el artículo 9. Sin embargo, el Diputado Atayde consideró que dicho monto, 100 millones de pesos, no alcanza para lo que la ciudad requiere, ya que en sus cálculos, la ciudad requiere de al menos 11 mil millones de pesos.

Del análisis del paquete económico, resaltan los montos asignados a la Jefatura de Gobierno, con 235’473,950 millones, la Secretaría de Gobierno en 4,511’518422 millones de pesos, 283’935,383 millones de pesos para la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y el increíble aumento en la Secretaría de Finanzas para dejarlo en 3’757,858,830 millones de pesos.

Para el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, se destinan 287 millones de pesos, repartidos entre la Secretaría de Gobierno, la Contraloría General, la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal de Justicia Administrativo.

El proceso de la discusión arranca con la presentación por parte de la Secretaría de su propuesta, posteriormente se lleva a cabo la discusión de los Diputados integrantes de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública, de donde emerge una propuesta de dictamen que será presentado ante el pleno de la Asamblea Legislativa, donde los 66 Diputados integrantes podrán discutir y argumentar, a favor o en contra del proyecto, finalizando con la votación y aprobación del paquete económico.

Los Diputados de la Asamblea Legislativa comenzarán la discusión en las siguientes horas para conformar el paquete económico 2018, en donde entre otras cosas, se deben considerar los gastos para nuevas figuras en las Alcaldías, el Fondo de Reconstrucción y cumplir lo que la Constitución de la Ciudad de México establece. Para ello, afirma el Diputado, deberán subir los ingresos estimados y reorientar el gasto público.

El diputado del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del DF, Andrés Atayde Rubiolo, presentó una iniciativa para reformar los Artículos 146 y 147 del Código Fiscal de la Ciudad de México, con el objetivo de establecer la tasa cero para las sociedades mercantiles, para que, al igual que el Patronato del Ahorro Nacional, la Lotería Nacional y Pronósticos para la Asistencia Pública, las instituciones educativas estén exentas del pago de impuestos por concepto de loterías, rifas, sorteos y concursos, siempre y cuando los recursos recaudados se destinen a las mismas.

En tribuna, Atayde Rubiolo señaló que la tasa de rechazo en las universidades públicas es alta, por lo que la oferta de educación superior gratuita es insuficiente. Esto, dijo, obliga a buscar en las universidades privadas una opción para la formación del futuro laboral. Sin embargo, según datos del INEGI, solo el 32 por ciento de la población en la ciudad ha concluido sus estudios universitarios.

“Algunas universidades han recurrido al crowdfounding para tener suficientes recursos e incrementar el número de becas o el monto de la beca. Uno de los instrumentos utilizados es a través de rifas y sorteos en donde la venta de los boletos, con la promesa de un gran regalo a cambio, incentiva a la sociedad a participar. Los premios deben ser suficientemente grandes y aspiracionales, pero eso hoy representa una fuerte carga tributaria que reduce los márgenes que podría tener la universidad y que, por ende, incentiva a que no tome el riesgo”, explicó.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la ALDF expuso que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) tiene 179 universidades adheridas, de las cuales menos del 10 por ciento realizan algún sorteo, generando alrededor de 250 millones de pesos de remanente social. Por ello, indicó que si todas las universidades realizaran sorteos se tendría un potencial de generación de recursos de más de dos mil millones de pesos a nivel nacional.

“En 2015, las universidades Anáhuac, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Instituto Tecnológico de Sonora, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Metropolitana de Monterrey, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y la Universidad Veracruzana realizaron 22 sorteos educativos; los fondos obtenidos fueron utilizados para mejoramiento de infraestructura educativa, investigación y becas, con esto se logró un beneficio directo para 406 mil 664 estudiantes”, destacó.

El asambleísta sostuvo que, luego de un análisis de los documentos fiscales de los estados que hoy cuentan con regulación en materia de apoyo a la educación, se elaboró esta iniciativa, de tal forma que la autoridad sepa qué es lo que sucede y se le siga dando los informes para acreditar la tasa cero, y no una condonación que no le permita a la autoridad dar seguimiento.

“Tuve la oportunidad de consultar con la Secretaría de Finanzas y concluyo que esto que presento no afecta las finanzas públicas de la ciudad, dado que es menos del 0.01 por ciento del ingreso de la misma y estoy seguro que el beneficio social, es mucho mayor que ese 0.01 por ciento”, concluyó.

El instrumento legislativo fue turnado para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda de la ALDF.