Por: Redacción/

A diez meses de su entrada en vigor, la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) ha planteado una serie de retos para las autoridades responsables de investigar y sancionar las faltas administrativas: entre ellas, profesionalizar a los encargados del nuevo procedimiento, ajustar estructuras de órganos internos de control y restructurar de plataformas, entre otros.

En ese sentido, la Titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González, señaló que, en el propósito de reducir, acotar e inhibir la corrupción y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas es forzoso evaluar de manera continua la efectividad de todos los instrumentos jurídicos en la práctica.

Ante integrantes de la Comisión de Derecho Administrativo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C., indicó que con la nueva LGRA, los procedimientos de responsabilidad administrativa prevén la protección de los derechos humanos, garantizan una defensa adecuada y dejan a las autoridades la tarea de aplicar procedimientos más justos.

Junto con el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, José Gabriel Carreño Camacho, destacó que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) creó un Grupo de Trabajo con el objeto de analizar dicha Ley. Este Grupo concluyó que para mejorar dicha ley se deben fortalecer las atribuciones de autoridades que realizan el proceso de investigación e imponen sanciones; capacitar a los servidores públicos sobre el procedimiento de responsabilidades, crear un sistema de protección de denunciantes y un sistema de denuncias de faltas administrativas y hechos de corrupción.

La Titular de la SFP propuso crear una institución independiente de defensoría pública y señaló la necesidad de elaborar o robustecer los códigos de ética en las dependencias y entidades del gobierno federal.

En su oportunidad, el Subsecretario José Gabriel Carreño explicó que la falta de estructuras, esquemas, inclusive de presupuesto, han sido obstáculos sorteados por la SFP en la aplicación de la nueva legislación.

Una mejor interpretación de LGRA, añadió, garantizará que las autoridades que llevan a cabo los procedimientos se aseguren de que las sanciones, con motivo de incumplimientos o faltas administrativas previstas, estén debidamente sustentadas.