Por: Redacción/

La nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, aprobada ayer por el pleno de la Cámara de Diputados, sin duda afectará profundamente los intereses y derechos de las comunidades indígenas, que no fueron tomadas en cuenta sobre el impacto que ese precepto legal representará en su vida, al atentar contra sus conocimientos ancestrales y costumbres, manifestó la diputada María Chávez García.

Ayer, durante la discusión general del dictamen, explicó que en la ley de 2003, que se abrogó para dar paso al nuevo ordenamiento, se establecía que para obtener el permiso para la colecta científica o comercial de los recursos biológicos forestales, era necesario reconocer los derechos de las comunidades indígenas, así como tener su consentimiento para el aprovechamiento de sus conocimientos.

Sin embargo, añadió, ahora se elimina todo ello, por lo que los habitantes de esas comunidades ya no serán informadas sobre sus derechos y patentes, lo que significa una grave omisión.

“La nueva Ley Forestal resulta regresiva con respecto a los derechos indígenas y abre la puerta a la biopiratería en cuanto a la tala y tráfico ilegal de madera. Este es un flagelo que no se ha podido detener”, denunció la legisladora federal de Morena.

Chávez García dio a conocer que más de 30 mil hectáreas de bosques en México son destruidas por la tala clandestina, y que el mercado negro afecta notoriamente la productividad de la industria maderera. “Se calcula que alrededor del 70 por ciento de la madera que utilizamos es de procedencia ilegal”, denunció.

Ante el pleno camaral, expuso que en México entre el 70 y 80 por ciento de los bosques y selvas están en territorios de comunidades indígenas y campesinas, que desconocen el contenido del dictamen, lo cual constituye una violación a sus derechos humanos y contraviene diversos acuerdos internacionales firmados por México.

“No llevar a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas este dictamen, en los términos que establece el Artículo Sexto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, con el objeto de obtener su conocimiento previo, libre e informado, constituye una violación a los derechos humanos y contraviene el mencionado acuerdo, del cual México es parte”.

Recordó que la Corte Internacional de Derechos Humanos estableció, como uno de los elementos centrales para la protección de los derechos de propiedad de los indígenas, el requisito de que los Estados establezcan consultas efectivas y previamente informadas con las comunidades en relación con los actos y decisiones que puedan afectar sus territorios tradicionales.

“Es obvio que la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable afectará los intereses de las comunidades indígenas y también es claro que la Cámara de Diputados es una autoridad, por lo mismo estamos obligados a efectuar dicha consulta”, concluyó.