Por: Redacción/
Previo a la elección, la Senadora Martha Tagle Martínez había adelantado que con independencia de los resultados electorales se debía fortalecer una Fiscalía General autónoma y acorde a las necesidades del país. Así, tras la reconfiguración del escenario político reiteró “no basta únicamente con tener voluntad política para nombrar a un verdadero fiscal autónomo, como ya lo hemos expresado, se requiere reformar el artículo 102 constitucional para garantizar una fiscalía que sirva”.
En dicho tenor, Tagle Martínez señaló que requeriría el mismo esfuerzo nombrar a un procurador que se convertiría en Fiscal General, que aprobar la reforma al 102 constitucional, pues en ambos casos se requiere una mayoría calificada. “Para una reforma constitucional se requieren ambas cámaras y su ratificación por 17 congresos locales, y eso requiere un nivel de consenso que Morena no tendría problema de conseguir. En cambio para tener un procurador que sería fiscal a modo, le bastaría aliarse con el PRI en el Senado y con ello traicionar el mandato de cambio que depositó la ciudadanía”, dijo.
La legisladora que se distinguió por pugnar por procesos abiertos de designaciones públicas, señaló que el principal problema del método de selección vigente por el cual se debería elegir primero a un Procurador, es el sistema de cuotas y cuates usado por el PRI este sexenio para garantizarse el control de los órganos autónomos, dejando de lado los perfiles de los aspirantes condicionándolos a una lealtad con quienes los nombraron. Por lo que insistió, que la Reforma al 102 propuesta por organizaciones, se requiere para quitar este control político sobre quien deberá ser un fiscal autónomo, a fin de combatir la impunidad y garantizar un acceso a la justicia sin filias ni fobias partidistas.
“Se requiere la voluntad política de AMLO para hacer lo correcto y ser fiel al mandato que la ciudadanía le dio el 1o de julio, así la reforma al 102 constitucional además de representar la posibilidad para aliarse con la sociedad civil que empuja la iniciativa, significaría hacer lo correcto para cortar de tajo la posibilidad el control político para nombrar un fiscal autónomo y, en vez de ello, asegurar la permanencia de un procedimiento abierto e independiente mediante el cual se elija a un perfil idóneo como fiscal, a la par de sentar las bases que garanticen el diseño de una fiscalía que acabe con los vicios que carga la Procuraduría General de la República”, expresó la legisladora.
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