Por: Redacción/

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, saludó los nombramientos de Raquel Buenrostro Sánchez, como titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de Thalía Lagunas Aragón al frente de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sobre los retos que la nueva titular del SAT tiene para su gestión, el diputado se refirió a garantizar la eficiencia hacendaria y lograr las metas de recaudación para 2020 del Impuesto Sobre la Renta (1,852,853.3 millones de pesos) y el Impuesto al Valor Agregado (1,007,546 mdp), pues sólo con ingresos fuertes habrá crecimiento económico y mayor bienestar de la población.

De igual manera, se aplicará la actualización al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (con una meta de recaudación de 515,733.5 mdp), que además de representar una importante fuente de recursos, busca reducir el consumo de productos perjudiciales para la salud. Cabe señalar que los ingresos tributarios constituyen el 57.4 por ciento del presupuesto para el siguiente año.

“El SAT debe consolidarse como una dependencia libre de corrupción y que aplique con firmeza las nuevas reformas aprobadas en la miscelánea fiscal, sobre todo las que tienen que ver con la evasión, elusión y facturas falsas. Es esencial que en esta nueva etapa se revierta la caída en los ingresos que se ha presentado últimamente. Por estas razones, en el Congreso consideramos indispensable iniciar ya los preparativos para una reforma fiscal integral, y buscamos que la nueva titular del SAT sea una fuerte aliada para la próxima reforma hacendaria”, mencionó.

Además, el SAT deberá atacar la problemática de la Erosión de la Base Imponible (BEPS, por sus siglas en inglés), eliminando beneficios fiscales indebidos en sintonía con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de cara al próximo acuerdo multilateral que propondrá dicho organismo.

Asimismo, reiteró que, en esta nueva etapa, se deberán fortalecer las acciones contra quienes cometen delitos fiscales: “El organismo debe agotar todos sus instrumentos para actuar contra quienes burlan la autoridad fiscal y evaden el pago de impuestos, pues dañan al erario y los ingresos que se requieren para atender las necesidades de las y los mexicanos.

Los delincuentes fiscales le ocasionan un gran daño al país; impiden que el Estado pueda aplicar políticas redistributivas más eficientes y utilizar los recursos públicos en beneficio de la mayoría de la población”.

Por otro lado, destacó que durante la presente administración, las acciones de la Oficialía Mayor han permitido un ahorro de más de 200 mil millones de pesos, y señaló que estamos ante una gran oportunidad para reforzar los esquemas de compras consolidadas en toda la administración pública, acabar con los sobreprecios, garantizar la legalidad en los ejercicios de licitaciones y ser un factor importante que impida los enormes subejercicios de las dependencias de gobierno, al tiempo de seguir impulsando la política de austeridad del actual gobierno:

“La nueva titular de la Oficialía Mayor es una persona con amplia experiencia en las finanzas públicas, y estoy seguro de que brindará un renovado dinamismo a esa área. Por ello considero que es el momento propicio para llevar a cabo una profunda revisión del marco legal en torno a los procesos licitatorios en México, buscando nuevas variantes de colaboración entre los sectores público y privado, para generar proyectos que se traduzcan en beneficios tangibles para la sociedad mexicana”.

Ramírez Cuéllar recordó que la problemática de los subejercicios ha sido una constante en la actual administración. “Para el tercer trimestre de 2019, se tuvo un subejercicio de 151,377 millones de pesos.

Si el gobierno no ejerce los recursos públicos, no es posible activar la economía. Por ello, ante este cambio, nos encontramos ante la posibilidad de implantar procesos innovadores, que garanticen una rápida atención a las necesidades cotidianas de las unidades responsables del gasto y, a la vez, importantes ahorros para el Estado, conforme a los calendarios presupuestales establecidos”.