Por: Redacción

Frente al anuncio de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI para sesionar y decidir la suspensión de los derechos como militante del aún gobernador de Veracruz, Javier Duarte, el diputado Omar Ortega, integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, demandó al PRI eliminar todas las trabas que ellos mismos y sus partidos aliados han impuesto para dictaminar las solicitudes de juicio político.

El diputado perredista recordó que existen más de 300 solicitudes de juicio político en espera de análisis y dictaminación en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Detalló que ha solicitado información sobre el estado legal que guardan procesalmente dichos expedientes iniciados contra diversos funcionarios de la Administración Pública Federal. La respuesta ha sido negativa con argumentos endebles, lo que exhibe muchas reticencias a dar la información que debería ser del escrutinio ciudadano.

“En la actualidad existen denuncias de juicio político incluso contra Enrique Peña Nieto como gobernador el Estado de México, así como contra gobernadores priistas entre los que destaca Eruviel Ávila Villegas, actual gobernador de la entidad mexiquense, así como contra el ex Procurador General de la República Jesús Murillo Karam, autor de la “histórica mentira” sobre el paradero de estudiantes asesinados y desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, entre muchos otros priistas”, señaló el diputado.

“Si el presidente Enrique Peña Nieto está verdaderamente decidido a ir a fondo en contra de la corrupción, que empiece por instruir a su bancada en la Cámara de Diputados para poner a trabajar a la Subcomisión de Examen Previo, órgano correspondiente para dictaminar las solicitudes de juicio político”.

“Suspender los derechos partidistas de los funcionarios corruptos no es una acción suficiente”, denunció el diputado Omar Ortega, quien recordó que ya existe al menos una solicitud de juicio político contra Javier Duarte presentada por el PRD.

“Un acto de aparente buena voluntad no es suficiente para la ciudadanía cansada de la corrupción sistémica del gobierno federal y de los gobiernos locales. Los funcionarios corruptos deben ser remitidos a la instancia correspondiente para que la justicia caiga sobre ellos”.

Advirtió que el juicio es necesario para que las investigaciones de la PGR en contra del gobernador, así como las acciones del PRI, no queden en la simulación y le permitan a Duarte escapar de la justicia.