Por: Redacción/

El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados reitera que no avalará ninguna iniciativa que busque otorgar atribuciones excesivas al Ejecutivo Federal y que vulnere y debilite las facultades del Poder Legislativo porque ello rompería con la división de poderes y atentaría contra una de las bases fundamentales de la democracia.

Los diputados calificaron de “ilegal pretensión autoritaria” el Decreto de Austeridad y la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) del presidente Andrés Manuel López Obrador enviada a la Cámara de Diputados para presuntamente enfrentar la crisis agudizada por la pandemia del COVID-19.

Durante un diálogo virtual que sostuvo ayer el GPPRD con el economista Mario Alberto Di Constanzo Armenta, expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), y el diputado local Jorge Gaviño Ambriz; la coordinadora del Grupo, Verónica Juárez Piña, consideró que tanto el decreto como la iniciativa presidenciales potencian los peligros por lo que ya pasa el país, por lo que urgió a plantear otras acciones.

Recordó que la pandemia del COVID-19 sólo vino a agudizar una crisis que ya afectaba al país debido a los errores de la actual administración, pero que podría desembocar en una crisis social si el Legislativo, en el marco de la legalidad, no hace algo al respecto.

La diputada Guadalupe Almaguer Pardo, a su vez, denunció una “insaciable voracidad” del mandatario por manejar los recursos públicos a su arbitrio, lo cual pretende legalizar con su propuesta de reformar la LFPRH, pero sobre todo una obstinación por someter al Poder Legislativo, en general, y a la Cámara de Diputados, en particular.

Aclaró que ni ésta ni el Decreto de Austeridad beneficiarán realmente a la población y que incluso les podría perjudicar porque, al “ahorrarse” montos pírricos supuestamente con el recorte a gastos de operación, se afectarían áreas sustantivas de gobierno, como la prestación de bienes y servicios tan esenciales para millones de personas como el acceso a leche a bajo precio.

Además de buscar la usurpación de funciones del Poder Legislativo en cuanto a la definición del presupuesto, ahora el Ejecutivo socava derechos fundamentales de los trabajadores al servicio del Estado, pero no sólo de los altos niveles, sino también de los más bajos, como los jefes de departamento, puntualizó.

El diputado Antonio Ortega Martínez reveló que la Comisión de Hacienda y Crédito Público -de la cual es integrante- sesionará por internet este miércoles 29 de abril para opinar sobre la iniciativa presidencial y que tentativamente la próxima semana se convocará a una reunión presencial del Pleno de la Cámara de Diputados para votarla, pese a la contingencia.

Previó que la mayoría del partido Morena y sus aliados la avalen, caso en el cual el GPPRD buscaría las alternativas jurídicas para impugnarla. De esto -dijo- hay antecedentes, como en el sexenio de Vicente Fox, cuando se suscitó un conflicto de inconstitucionalidad ente el Ejecutivo y el Legislativo por una iniciativa similar.

La diputada Mónica Almeida López, por su parte, lamentó de antemano la docilidad con la que ese grupo mayoritario avalará la sustracción de facultades a la Cámara de Diputados en materia de definición presupuestal.

Consideró esto cuanto más preocupante en la medida en que no hay realmente un Plan Nacional de Desarrollo que lo justifique, mucho menos para superar una crisis como la actual, sino sólo algunas ideas deshilvanadas que rayan, incluso, en lo “filosófico”. No hay -dijo- un verdadero plan de inversión, sino un ánimo de regalar dinero sin siquiera evaluación de resultados.

Se pronunció por explorar opciones jurídicas para revertir los intentos del Ejecutivo de malbaratar los recursos públicos.

La diputada Azucena Rodríguez Zamora puso en duda que los recursos que presuntamente obtendrá el Gobierno Federal con el decreto y la iniciativa sean suficientes para paliar la grave crisis económica y social en la que se encuentra el país

En su oportunidad, el economista Mario Di Constanzo calificó de inconstitucional e ilegal el Decreto de Austeridad porque, para empezar, atenta contra los derechos de los servidores públicos a través de reducciones salariales y de prestaciones laborales, en particular de quienes trabajan por “honorarios”, los que por lo general tienen contratos de 3 a 6 meses y quienes, si bien no serán “despedidos”, tampoco serán recontratados ya al final de ese lapso.

Por otra parte, señaló que la omisión de hasta 75% del presupuesto aprobado para servicios generales y materiales de suministros, el cierre de 50% de oficinas y la reubicación de personal afectará indudablemente la operatividad del aparato gubernamental, principalmente en materia de Educación, Agricultura, Medio Ambiente, Bienestar Social y Supervisión Financiera, entre otros.

Por último, denunció que el Decreto de Austeridad del Presidente viola Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria vigente, pues no se apega al procedimiento a seguir para hacer cambios al gasto aprobado.

Ante tal evidencia, el Ejecutivo presenta entonces su iniciativa para abrogar facultades exclusivas de la Cámara de Diputados a fin de manejar por sí y ante sí los recursos en casos de “emergencia”, sin definir cuáles son las características de tales casos, con lo que el presupuesto queda a la arbitrariedad del Presidente.

“En suma, lo que la iniciativa de reforma a la LFRH busca es legalizar las acciones de un Decreto de Austeridad carente de sustento jurídico, que resulta inoperante y dañino para la situación económica por la que atraviesa el país”, concluyó Di Constanzo.