Por: Redacción/

La Ley General de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, es ejemplar en el mundo, por lo que no debe haber pretextos de las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar los derechos de los infantes, sobre todo de aquellos que se encuentran dentro de los Centros de Asistencia Social (CAS), coincidieron la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y especialistas en la materia.

En el marco del Conversatorio sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia y centros de asistencia social, la legisladora del PRD resaltó la necesidad de atender a este segmento de población que se encuentra en situación de vulnerabilidad con el propósito de evitar casos como el de Casitas del Sur, la Casa de la Familia y recientemente el de la Ciudad de los niños, en Salamanca, Guanajuato.

De la Peña Gómez se pronunció porque la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga este último caso, con el fin de que se realice una investigación imparcial, confiable y que dé certeza; además, consideró que la Cámara de Diputados, en el próximo presupuesto de egresos, debe asignar suficiente recursos para que el Sistema Nacional DIF cumpla con los preceptos de la ley.

“Es inadmisible que en México los niños sigan sufriendo violencia teniendo una ley ejemplar en la materia; ya basta que se siga desatendiendo nuestra responsabilidad a partir de la vinculación con los tratados internacionales con la Ley”, remarcó.

Fernanda López Portillo, coordinadora en México de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, expuso la importancia de resarcir los derechos de las niñas, niños y adolescentes e indicó que los casos citados, son una oportunidad para que no vuelvan a suceder.

Arely Rojas Rivera, directora de la organización, ¿Y quién habla por mí?, indicó que en México existen mil 20 centros de asistencia social, los cuales, señaló, tendrían que estar regulados.

De estos, abundó, 859 están en manos de particulares, entre asociaciones civiles o religiosas; 88 dependen de los DIF estatales; 65 de los DIF municipales y 8 de otros; por lo que hizo ver la necesidad de que la Cámara de Diputados destine más recursos a estos centros, bajo una firme supervisión.

Sandra Mejía Martínez, responsable del área de legislación y políticas públicas de la Red por los Derechos de la Infancia en México, aseveró que en México teniendo una ley ejemplar, no deben seguir pasando casos como la Ciudad de los Niños, y se pronunció a favor de que la PGR atraiga este hecho.

Margarita Guillé Tamayo, coordinadora de Proyectos Especiales de ITA Boutique Social, comentó que la sociedad y los funcionarios públicos deben abordar el problema de la niñez de una forma integral, toda vez que en México no se cuenta con información acerca de cuántas niñas y niños se encuentran sin cuidado parentales.