• “En la persecución de los delitos, la regla es proteger los datos personales para no afectar la presunción de inocencia, pero existen excepciones para abrir la información por interés público”, sostuvo Blanca Lilia Ibarra Cadena.

Por: Redacción/

No hay justicia que valga si se ampara en la omisión y la opacidad, afirmó la Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, al inaugurar el foro Límites del Estado en la persecución delictiva y su impacto en medios masivos de difusión.

Sostuvo que, si bien, en la persecución de los delitos, la regla general es proteger los datos personales de las indagatorias iniciadas en contra de particulares, para no afectar la presunción de inocencia, existen ciertas excepciones para abrir la información.

“Hay casos en que esta presunción es susceptible de verse superada, por ejemplo, en los casos de corrupción, en los que, mediante la aplicación de una prueba de interés público, analizando los elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, en sentido estricto, se puede determinar que debe prevalecer el derecho a saber de la sociedad, aunque no haya determinación sancionatoria firme”, planteó.

Asimismo, Ibarra Cadena indicó que, en aquellos casos donde una persona ve afectada su presunción de inocencia por las publicaciones en medios de comunicación sobre procesos penales o investigaciones a que están sujetas, se debe analizar el equilibrio entre ese derecho y los límites del ejercicio periodístico, cuando hay interés público.

Por otro lado, la Comisionada Presidenta del INAI refirió que el uso extendido de la prisión preventiva puede también afectar la presunción de inocencia; por tanto, planteó que debe ser una excepción, pues si no se aplica con apego a Derecho y respetando los derechos humanos, puede convertirse en una herramienta jurídica para vulnerar ese derecho, que es universal e irrenunciable.

“Esto impacta la calidad de la impartición de justicia en México, misma que, ya de sí, se encuentra en un estado crítico. Basta mencionar que, según el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, correspondiente a octubre de 2021, más del 42 por ciento de las personas privadas de la libertad no cuenta con sentencia firme”, enfatizó.

El foro fue organizado por la Escuela Libre de Derecho (ELD) y la Academia Mexicana de la Comunicación (AMDC).

En su mensaje, Ricardo Antonio Silva Díaz, Rector de la ELD destacó que el foro es un espacio de comunicación y de diálogo entre periodistas, comunicólogos y abogados; se trata de un espacio necesario para poder reflexionar y entender dos de los valores y derechos esenciales en cualquier sociedad democrática: tanto la perspectiva de la libertad de expresión, la transparencia y el acceso a la información, como la capacidad y potestad punitiva del Estado.

“Vivimos en una época dinámica en donde el ejercicio de la libertad de expresión cada vez presenta menos límites y está no solo en medios de comunicación masiva como la televisión y la radio, sino también en redes sociales a través de las distintas plataformas, lo que ha dinamizado mucho la información que vamos teniendo y ha hecho que el Estado pueda tener un brazo más para poder ejercer su potestad punitiva”, expresó.

A su vez, Ricardo Homs, presidente de la AMCD, reconoció que hoy en México se vive un fenómeno psicosocial muy grave y de peligrosas consecuencias: la justicia mediática; hoy, parece haber intentos de dirimir los grandes casos jurídicos, de potencial mediático, a través de declaraciones públicas y pretender que los jueces simplemente validen y respalden el veredicto de las mayorías.

“En el foro público que ofrecen hoy los medios de comunicación masiva y las redes sociales en el contexto de la participación ciudadana que se deriva de los derechos que nos garantiza la democracia, se empiezan a gestar desde hace poco tiempo nuevas variables que impactan la procuración de justicia y generan confusión pública”, advirtió.

En el acto inaugural participaron también Luis Raúl González Pérez, presidente del Consejo Asesor Jurídico de la Academia Mexicana de la Comunicación; Claudia de Buen, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, y Gerardo Laveaga, Miembro del Consejo Asesor Jurídico de la Academia Mexicana de la Comunicación.