Por: Redacción/
No basta incrementar las penalidades para acabar la crueldad y el sufrimiento excesivo en el sacrificio de animales para consumo humano y, contrariamente, es necesario destinar más recursos para modernizar los rastros en toda la República Mexicana y optimizar la vigilancia de éstos, señalaron los diputados Rogerio Castro Vázquez y Alfredo Basurto Román.
Ambos legisladores federales de Morena, junto con su compañero de bancada Emiliano Álvarez López, participaron en la Reunión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Ganadería y de Justicia, donde se dictaminaron reformas a la Ley Federal de Sanidad Animal y del Código Penal Federal, cuyo objetivo es mitigar el maltrato animal.
En su oportunidad, Castro Vázquez aclaró que el Grupo Parlamentario de Morena no se opone a dicha iniciativa, pero que él presentará reservas al dictamen cuando éste se presente ante el pleno camaral.
“Una de estas reservas es contra el hecho de que se pretende sancionar a los trabajadores que participan en los sacrificios de los animales en los rastros, debido a sólo obedecen a los dueños de éstos y a las autoridades municipales. Además hacen su labor con los instrumentos que tienen a su alcance”, recalcó.
En ese contexto, advirtió que hay evidencias de que en los rastros municipales se comenten muchas irregularidades, a pesar de que están tipificadas en la ley, principalmente porque no se cuenta con la infraestructura adecuada, ni con los elementos técnicos modernos para evitar el maltrato animal.
Por su parte, el diputado Alfredo Basurto cuestionó la aplicación de las penalizaciones, ya que se requiere la presentación de la denuncia del delito y los rastros municipales están a cargo de los ayuntamientos como autoridad para su regulación.
“Claro que en Morena estamos por que no se lastime a los animales, pero si el municipio no proporciona los elementos para insensibilizar al animal antes de sacrificarlo, los trabajadores utilizarán las herramientas que tengan a la mano”, subrayó.
Al respecto, el legislador zacatecano exigió a los ayuntamientos aportar los elementos técnicos y económicos para modernizar los rastros en todo el país, en lugar de pretender sancionar a los trabajadores de éstos.
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