Por: Oscar Nogueda/

De las 40 mil personas desaparecidas a nivel nacional, siete mil son niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a cifras de la organización internacional Save The Children. Ante este panorama las políticas públicas paternalistas del nuevo gobierno no han dado un avance significativo para disminuir la violencia que vive la juventud mexicana, además el sistema de procuración de justicia en muchos casos resulta ineficaz para ellos.

Con información de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, con folio 110/9882j/19-10, en el periodo de 5 de diciembre del 2018 al 25 de septiembre del 2019, se han reportado en la capital del país 287 niños y 622 niñas como desaparecidos, 58 y 73 por ciento respectivamente. Asimismo, las Alcaldías con una mayor incidencia de menores desaparecidos son Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Tlalpan.

En entrevista para Mugs Noticias, Nancy Ramírez, Directora de Incidencia Política de Save The Children México, declaró que “existen datos que son fuertes, se estima que hay 7 mil niñas, niños y adolescentes que están desaparecidos, es un poco complejo en términos estadísticos porque esta junta la estadística de desaparición forzada con personas extraviadas , a veces se pueden visibilizarse casos de desapariciones forzadas porque están junta las estadísticas de desaparición con la de sustracción”.

La directora también resaltó que las desapariciones se justifican con los extravíos de niñas y niños. “Hay que decir que es importante notar que es más común que las desapariciones forzadas se den en la adolescencia porque comienzan a tener una participación más activa en la vida cívica y política y pueden ser presas de violaciones de derechos civiles y políticos por sus expresiones”.

En ese sentido, el 16 de Enero del 2018 entró en vigor la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas, la cual indica que en caso de desaparición de un menor de edad, las autoridades deberán emprender la búsqueda de manera inmediata y diferenciada, así como velar por el interés superior de la niñez.

A pesar de ello, la realidad de varias víctimas de desaparición no es como la ley lo exige, ejemplo de ello es el caso de Braulio Basilio Caballero, quien desapareció el 28 de septiembre del 2016, con 13 años de edad, en el paradero del metro Pantitlán de la alcaldía Venustiano Carranza.

Los padres de Braulio levantaron una denuncia el 29 de septiembre, la cual fue girada al Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) para que se llevaran a cabo las investigaciones, sin embargo, las autoridades se limitaron a acudir al lugar de la desaparición y entregar los foto volantes de Braulio sin indagar de manera exhaustiva entre las personas ni pedir los registros de las cámaras públicas y privadas.

Los padres de familia tuvieron que solicitar la videograbaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, no obstante, no se observó a Braulio Caballero. Posteriormente, el caso fue turnado a la Fuerza Antisecuestro (FAS), quien re victimizó y acusó de violencia familiar al padre de Braulio. Un año después, las autoridades manifestaron que no había líneas de investigación disponibles. Hasta el 16 de abril del 2019 se logró activar la alerta amber y reabrir la carpeta de investigación sin resultados positivos hasta el momento.

En una manifestación en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) para exigir justicia por la desaparición de Guadalupe Pamela Gallardo Volante y otras víctimas en la CDMX, familiares de los desaparecidos manifestaron que “no sabemos porque las autoridades no han hecho su trabajo. No hacen nada, hay muchas familias que llevan años buscando y no han tenido ningún tipo de respuesta”.

Ante un cuestionamiento sobre la estigmatización de niños, niñas y jóvenes desaparecidos con frases como “se fue con el novio”, “se fue porque quiso” o “seguro regresa después con el novio”, Nancy Ramírez contestó que “esas afirmación erradican la impartición de justicia y las políticas públicas para atender este tipo de situaciones, en la medida que sigan existencia este tipo de creencia, la investigación se vuelve más lenta y se llena e prejuicios que la entorpecen.

Ante la presencia de ese tipo de frases, la directora resaltó que “se pierden horas clave para encontrar a los niños y adolescentes desaparecidos. Si seguimos estigmatizando a los adolescentes va a hacer muy difícil que podamos hacer una búsqueda expedita de las personas que desaparecen”.