Por: Redacción
Una representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) aseguró ante diputados federales que uno de cada dos migrantes menores no acompañados que llega a México, necesita protección internacional, ya que su integridad física corre peligro por la situación de inseguridad prevaleciente en sus países de origen.
Por lo tanto, considera el órgano internacional, “es mejor no devolverlos”.
En reunión de trabajo con la Comisión de Asuntos Migratorios, Sofía Lascurain, oficial de Protección Asistente de la ACNUR, refirió que de 2014 a 2015, el ingreso al país de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados aumentó de casi 15 mil a 18 mil 600, según datos del Instituto Nacional de Migración (INM).
Únicamente 141 de los que llegaron en 2015, solicitaron asilo en México; el resto, obtuvo otro tipo de visa o fue deportado.
En su diagnóstico, el ACNUR estima que el 50 por ciento de menores en esta situación correría algún tipo de riesgo si regresan a naciones como Guatemala, El Salvador y Honduras, donde la violencia ha incrementado el desplazamiento internacional de personas.
En El Salvador, la cifra de homicidios en 2015 fue de 104 por cada 100 mil habitantes, mientras que en Honduras y Guatemala fue de 57 y 35, respectivamente, y en la misma proporción.
Los altos índices de inseguridad, destacó Sofía Lascurain, empiezan a afectar directamente a niñas, niños y adolescentes. “Las bandas criminales los buscan para reclutarlos. Muchos casos que vemos, son de menores que vienen a México huyendo de esa situación, tratando de no ser incorporados a pandillas como las Maras”, agregó.
Los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios coincidieron en la urgencia de aprobar partidas presupuestales destinadas a proteger a los migrantes en nuestro país, y en solicitar información, tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como las entidades, sobre cómo se han ejercido los montos ya destinados para ello.
Gonzalo Guízar Valladares (PES), presidente del órgano legislativo, opinó que el fenómeno migratorio debe atenderse desde una perspectiva presupuestal. Aunque se trate de un asunto social, e incluso político, los estados y municipios fronterizos, sin los recursos necesarios, “no tienen la oportunidad de dar servicio” a estas personas.
Recordó que existen ciudades como Tijuana, Baja California, que han crecido exponencialmente en los últimos años; sin embargo, su presupuesto sigue siendo el mismo.
Por ello, insistió en crear un Fondo de Migralidad para que, adicional a sus recursos, las entidades y demarcaciones fronterizas tengan la capacidad de dar un mejor nivel de vida a los migrantes, a quienes, “no se les debe ver como un problema, sino como una oportunidad”.
El diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela (PRI) propuso dar seguimiento a la aplicación y eficacia de fondos como el de Apoyo a Migrantes, ya que existen regiones del país donde se observa la “misma escasez de oportunidades y carencias para que la gente tenga beneficios”.
Coincidió en solicitar a la SHCP el desglose de gastos y un reporte de la distribución de los recursos, además de pedir información al respecto a los encargados de migración en los estados, para conocer sus procedimientos, problemas y criterios para distribuir el presupuesto.
De Acción Nacional, la diputada María Luisa Sánchez Meza lamentó que no existan los recursos suficientes para atender a los migrantes extranjeros y que los mexicanos también huyan a los Estados Unidos, a causa de la violencia.
Refirió que en los últimos días, llegaron a Tijuana alrededor de mil 200 ciudadanos de Haití, Brasil, Cuba y Afganistán, entre ellos, 145 niños, con la intención de pedir asilo político en la Unión Americana. Asimismo, ayer martes arribaron 400 connacionales a la ciudad fronteriza.
Esto, subrayó, es un grave fenómeno que sufre Baja California y que debe atenderse de inmediato.
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