Por: Redacción/
La niñez migrante mexicana y de Centroamérica es invisible para el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien terminará su administración con una gran deuda en cuanto a protección, respeto y atención a niñas, niños y adolescentes, a quienes sólo invocó en sus discursos, afirmó Rafael Hernández Soriano, secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.
Para la administración saliente fueron prioridad proyectos como los que desarrolla la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que, a pesar de las múltiples observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, siguen siendo favorecidos porque benefician a consorcios constructores allegados al régimen y a los funcionarios cercanos al poder, como Gerardo Ruiz Esparza, titular de la dependencia, afirmó.
El diputado federal del PRD reprochó a la administración de Peña Nieto que no haya atendido la demanda de ampliar el presupuesto del 2018 para reforzar los programas de la niñez, atender el fenómeno migratorio y combatir delitos como el turismo sexual infantil y la trata, los cuales colocan a México en los deshonrosos primeros lugares a nivel mundial.
En el tema de la política migratoria, añadió, “es necesario que se dé un vuelco, porque para el gobierno de Peña Nieto los migrantes centroamericanos y los connacionales” han sido invisibles.
Afirmó que no existe el suficiente presupuesto para ampliar los Centros de Asistencia Social (CAS), donde se da atención a menores migrantes, es casi inexistente el personal del Instituto Nacional de Migración para atender a este sector vulnerable al desplazarse solos por territorio mexicano.
De igual modo, sostuvo que, en los hechos, el Estado mexicano es incapaz de garantizar la seguridad de los menores migrantes, ofrecerles atención sanitaria, documentación, albergues y protección; a pesar de este escenario, que niegan las mismas autoridades, empezando por el Secretario de Gobernación, les restringió un mayor presupuesto para cubrir las mínimas necesidades.
Hernández Soriano subrayó que en diciembre se cumplirán tres años de haberse implementado la Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y la constante es que para el gobierno no se requieren recursos para que ese mandato constitucional se cumpla cabalmente, no es prioridad como sí lo es dilapidar el dinero público en carreteras mal construidas o favorecer con obra pública a polémicas empresas trasnacionales.
A pesar de que México forma parte de acuerdos internacionales para proteger a la niñez, la estrategia del gobierno para este sector también ha sido fallida, y así lo revela el quinto informe de gobierno, el cual reportó un incremento de la violencia en contra de menores, además de las crecientes estadísticas sobre embarazo adolescente, turismo sexual infantil y el delito de trata.
Aunado a ello, abundó, “se ha descuidado presupuestalmente la crisis migratoria en las fronteras sur y norte” y la estrategia de Peña Nieto “ha convertido al país en la patrulla fronteriza de Estados Unidos” al reforzar las detenciones de migrantes en la frontera sur a fin de que no lleguen a la frontera norte, hecho incongruente con la demanda de protección a los “dreamers” amenazados por la administración de Donald Trump.
La política migratoria de Peña Nieto se ha olvidado de que los ciudadanos lo somos del mundo, dentro de éstos, los que más sufren las condiciones de violencia que hay en el país y la exposición al delito, son los menores que se desplazan solos, sostuvo.
Negar los recursos para garantizar los derechos de la niñez pone en falta al gobierno federal, que además de exponer a este sector de la población al abandono y la delincuencia, falla con los compromisos internacionales de los cuales forma parte, al menos en el discurso, expresó Hernández Soriano.
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