Por: Redacción/

Para que los derechos a la salud y la seguridad en el trabajo sean asequibles es forzosa la creación de un organismo del Estado que vele por ellos y los garantice, advirtió la doctora Karina Trejo Sánchez, profesora-investigadora del Departamento de Estudios Institucionales de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante la mesa redonda Administración de la salud laboral en las empresas, celebrada en la Unidad Xochimilco de esta casa de estudios, la abogada aseveró que los esfuerzos deben encaminarse a que ningún empleado pierda la vida o enferme por desempeñar sus tareas, pues la mayoría de los accidentes o los padecimientos puede prevenirse.

Las formas fundamentales para ese fin son la prevención –que actúa sobre las causas desencadenantes del accidente– y la protección –relativa a los equipos y las personas expuestas al riesgo– con la idea de aminorar las consecuencias, de ahí que la legislación debe dar preeminencia a estas medidas, más allá de la indemnización, sin centrar la atención en el aspecto económico que representa la muerte de un empleado sino en incrementar las medidas para impedirla.

La pertinencia de consagrar la protección de la salud y la seguridad en el trabajo como un derecho humano debe quedar en la norma fundamental, en virtud de la relevancia que cobran ambos aspectos en el ejercicio profesional, ante lo cual el gobierno debe proteger –mediante la Constitución– todas las garantías humanas a fin de que prevalezca el Estado de derecho.

La Organización Internacional del Trabajo está preocupada por los materiales químicos potencialmente peligrosos derivados de procesos nuevos de operación, así como por las tecnologías que han creado riesgos psicosociales cuyas características comunes son la inestabilidad laboral, la intensificación de tareas, la intimidación y el acoso, con repercusiones significativas para las personas.

El ingeniero Rodolfo Arias Díaz, consultor independiente en salud profesional, precisó que los cambios en la organización al introducir nuevas tecnologías y formas de contratación se traducen en mayores demandas mentales y emocionales, condiciones precarias, intensificación del ritmo profesional y violencia, entre otros factores.

La percepción del trabajador es sentirse inseguro, con miedo al despido, aislado, no implicado de manera adecuada, sin oportunidades de prosperar o recibir formación e incapacitado para organizarse y protegerse, lo cual eleva los niveles de estrés y fatiga, así como la tendencia al consumo de alcohol, drogas o tabaco, con el subsecuente incremento al riesgo de accidentes y enfermedades.

Por ello es preciso apoyar los instrumentos normativos, los conocimientos y la experiencia existentes para promover una cultura de prevención, lograr una movilización amplia en torno al objetivo que constituye un empleo en condiciones seguras y difundir la importancia de incrementar el diálogo social y el impulso de las comisiones de seguridad e higiene y de los servicios preventivos en las empresas, concluyó.