Por: Redacción/

El diputado Fernando Rubio Quiroz (PRD), integrante de la Comisión Especial de Seguimiento a los Trabajos de Reconstrucción tras los Sismos que han Afectado a Diversas Entidades de la República Mexicana, afirmó que “no hay una clara ejecución de los recursos federales y estatales en ese proceso, por lo que debe haber transparencia sobre dónde y cómo se están asignado”.

Durante el foro “Diálogos 19s. Reconstruyamos nuestra ciudad”, en el tema “Transparencia y rendición de cuentas” destacó que el análisis de este asunto ha permitido detectar la falta de coordinación y disposición entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para atender a la ciudadanía e identificar los probables casos de malversación de fondos públicos que pueden ocurrir en la restauración.

Resaltó la importancia de las auditorías para esclarecer la forma en cómo se ejerce el dinero. Propuso combatir la corrupción y abusos para ejercer un gasto correcto.

Afirmó que la denuncia es una de las principales armas que tienen los ciudadanos para combatir la deshonestidad, a fin de evidenciar y descubrir dónde existen actos de malversación de fondos. Lo más importante es decir “no a la corrupción”. Para ello, lo tenemos que hacer de manera conjunta, a través de instancias federales, locales y ciudadanía.

El legislador apuntó que la población tiene todo el derecho de conocer y verificar en qué gasta los recursos cada dependencia pública, ya que eso da claridad y certeza a las acciones, además de establecer límites en las obligaciones y en el alcance de las asignaciones.

Señaló, como ejemplo, el modelo de atención a damnificados que se aplica en Puebla, el cual tiene definidas a las familias afectadas y qué inmuebles sufrieron daños totales o intermedios y, dependiendo de la categoría, se direccionan los apoyos para construir una vivienda nueva o mejorarla.

“En teoría, tendría que ser un mecanismo que debería repetirse en los diferentes estados afectados por los sismos de septiembre pasado, para saber cómo se asignan los recursos federales y estatales”.

“Lamentablemente, no lo estamos viendo y, a pesar de los grandes esfuerzos, pensamos y creemos que tiene que redoblarse el trabajo, porque estamos siendo rebasados por las necesidades de las personas que perdieron su vivienda o se les afectó en alguna medida”, puntualizó.

Adrián Alcalá Méndez, coordinador de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), destacó que para evitar posibles casos de corrupción, la dependencia aprobó 13 acciones, implementadas a nivel nacional con el propósito de que exista máxima divulgación o publicidad de fiscalizaciones y auditorías de recursos destinados a atender a damnificados por los sismos.

Se busca incentivar la participación ciudadana en cuanto a denuncias de casos de corrupción u omisiones de las autoridades, por lo que se creó el Micrositio “Ante la opinión pública”, que concentra información de contratos y licitaciones encargadas de la reconstrucción. “Estas acciones dan certeza a la ciudadanía sobre la aplicación, destino de los recursos y quién es el beneficiario final”.

También se implementaron diversas acciones con los sujetos obligados de organismos federales y del sector privado, a fin de garantizar el adecuado manejo del Fideicomiso “Fuerza México”, y evitar “se lucre con el sentimiento de las personas que han perdido su vivienda y malversen los recursos públicos”. Exhortó a la sociedad a ejercer su derecho al acceso de la información.

Elsa Bibiana Peralta Hernández, comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Infodf), reconoció que hay evidencia sobre circunstancias poco transparentes en el ejercicio de recursos públicos para la reconstrucción de la capital del país.

Actualmente, afirmó, hay mucha información, pero saber qué se hace y verificar que todo corresponda a lo que se coloca en las diversas plataformas de los sujetos obligados como la Comisión para la Reconstrucción, corresponde exigirlo a la sociedad.

“No obstante, hoy la ciudadanía y las instituciones a través de sus portales de transparencia, están más preparadas para cuestionar y dar a conocer cómo se ejercen los recursos públicos”.

Consideró que para que exista una verdadera legalidad, se tienen que aprovechar los mecanismos contemplados en la ley, que establecen los parámetros para la rendición cuentas y claridad gubernamental, advirtió.