Por Oswaldo Rojas
Durante el análisis de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, senadores y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y la Universidad Iberoamericana subrayaron la necesidad de reforzar el marco legal en materia de derechos humanos, para dar cumplimiento pleno a la reforma constitucional de 2011.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, expuso que México debe tomar en cuenta las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con relación a violaciones graves a derechos humanos, pues constituyen “prácticamente una ley en todo el continente”.
Durante el Segundo conversatorio “Fuerzas Armadas, seguridad pública y derechos humanos”, explicó que la discusión de fondo es definir si ante la falta de corporaciones policiacas que asuman su responsabilidad constitucional, los elementos del ejército y navales deben cumplir las responsabilidades de seguridad pública que les han encomendó diferentes presidentes que les sacaron de sus cuarteles.
La preocupación, agregó la legisladora por el Partido de la Revolución Democrática, es cómo se han deteriorado estas instituciones al asumir responsabilidades para las que no están preparados; habría que discutir la seguridad pública desde el concepto de seguridad humana. La autoridad, agregó, tiene la responsabilidad histórica de haber encomendado a las fuerzas del ejército y naval tareas que nos le corresponden a su investidura.
Subrayó que México ha seguido la directriz desde Washington respecto al enfrentamiento del narcotráfico, drogas, etc., cuando en una “doble moral” parte de la infraestructura de Estados Unidos está montada en el blanqueo de los recursos fenomenales que recibe de la venta de drogas, pues se multiplican las ganancias en el narcomenudeo.
En su oportunidad, Ximena María Medellín Urquiaga, profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), advirtió que hace falta una buena operación en la cadena de mando durante el seguimiento de operativos donde se lleva a cabo el uso de la fuerza, ya que su ausencia conlleva al fomento de su uso desproporcionado y que se cometan violaciones claras y expresas a los derechos humanos.
Aseguró que la preparación, el seguimiento en tiempo real y la respuesta están ausentes de la legislación vigente, “no se establece quiénes son los responsables para proveer información, analizarla, dar órdenes o determinar estrategias y tácticas”.
Un militar que sale a un escenario de alto riesgo tiene que estar respaldado por toda una cadena de mando, que realice un diseño previo de los operativos, de tal forma que límite en lo más mínimo las necesidades para reajustar o reevaluar las circunstancias en el terreno, “porque ya tiene muchos elementos por los cuales preocuparse, en principio por su propia vida y la de los demás”, señaló.
El director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (UlA), José Luis Juan Caballero Ochoa, precisó que en el nombramiento de ministros o ministras de la Suprema Corte, a definirse a finales de año, se debe tener una perspectiva de derechos humanos. La Corte se está jugando mucho, pues es un asunto de Estado en el que todos los grupos parlamentarios deben tomar conciencia.
Destacó que la manera en que se ha acercado a la sociedad a la política de drogas y combate al crimen, como agenda marcada de guerra desde hace dos sexenios, ha disuadido de ver el problema de las drogas como un tema de salud y persuadido de sacar al Estado del debate, pues es el que defiende contra el crimen organizado.
Además, indicó que de seis de las sentencias de la CIDH, cuatro han cuestionado el marco jurídico institucional de las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública y específicamente en relación con la pervivencia del fuero militar, por lo que en este sentido, se debe analizar la competencia de la legislación ordinaria cuando se vea implicado un civil.
Luis Alejandro Astorga Almanza, investigador de la UNAM, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis de jurisprudencia que justifica la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública.
Sin embargo, precisó que este marco legal en la realidad actual es insuficiente, por lo que consideró que los legisladores tienen la obligación de concretar una ley que sea aceptable para todos, donde se defina la participación del Ejército mexicano en este tipo de tareas.
Refirió que el combate al narcotráfico no es un problema exclusivo de México, sino que se trata de un diseño donde han participado, por convicción propia o por presiones políticas, distintos gobiernos en América Latina con mayor o menor intensidad.
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