• La violencia contra las mujeres es un problema estructural que no debe entenderse sólo como un acto individual y personal.

Por: Redacción/

La diputada Laura Imelda Pérez Segura (Morena) señaló la necesidad de reforzar el sistema de responsabilidades de las personas servidoras públicas, para que la atención que otorguen a mujeres víctimas de algún tipo de violencia no conlleve alguna forma discriminatoria.

En un comunicado, afirmó que la violencia contra las mujeres es un problema estructural que no debe entenderse sólo como un acto individual y personal, sino como parte del funcionamiento de la sociedad en general, pues se encuentra presente en todos los grupos sociales, las instituciones y en las familias.

Sostuvo que es amplio el discurso sobre las estrategias de seguridad pública implementadas en administraciones anteriores, sin embargo, “hoy por hoy estamos corroborando que fueron catastróficas por los porcentajes de alta generación de violencia que heredaron a este gobierno y que ahora se están tratando de abatir”.

“Como legisladoras tenemos el fiel compromiso de contribuir al fortalecimiento de esquemas de rendición de cuentas y de los sistemas vigentes de sanción administrativa a las personas servidoras públicas que, por acción u omisión, sean omisos en garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, en particular los derechos de acceso a la justicia, la verdad y la reparación del daño”, expresó.

La legisladora presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de supervisión, denuncia y sanción para servidores públicos que vulneren derechos humanos de mujeres víctimas de violencia.

“Buscamos la implantación de medidas adecuadas para mejorar el conocimiento de los derechos humanos de las mujeres, atender el tema de la discriminación derogando las disposiciones legislativas discriminatorias con las mujeres y niñas, y atender la problemática en el acceso a la justicia, garantizando el pleno respeto a los derechos humanos, la incorporación de la perspectiva de género y un enfoque especial en temas de violencia de género”, expresó.

Abundó que la presente iniciativa atiende las recomendaciones realizadas por la ONU Mujeres, de la iniciativa Spotligth, e impulsa acciones estratégicas para erradicar la violencia y generar marcos normativos más protectores, progresivos e inclusivos de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.

“Nuestro país debe mantenerse activo en la implementación de la Agenda 20-30 garantizando los derechos humanos y la seguridad de las y los mexicanos en todos los ámbitos”, acotó.