Por. Redacción/

Es necesario que los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y las organizaciones de la sociedad civil, evalúen el impacto de los gastos fiscales, que suelen ser cuantiosos en relación con los presupuestos designados, y exijan a los gobiernos información detallada sobre su ejercicio y resultados.

Así lo establece el análisis “Los gastos fiscales en el sector agropecuario” 2013-2018, del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), al definirlos como un instrumento eficaz para ofrecer incentivos tributarios a las personas y empresas.

Estos mecanismos se aplican a través de exenciones, deducciones, créditos por impuestos pagados o compensaciones, tasas impositivas preferentes o la amortización acelerada de activos fijos, que reduce o aplaza el pago de impuestos de un contribuyente.

Durante 2017, los gastos fiscales en México representaron el 3.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y el 30 por ciento de la recaudación tributaria, que ascendió al 13 por ciento del PIB ese año. “De ahí, la importancia de lo que se deja de recaudar”.

La evaluación del CEDRSSA resalta que “los beneficios otorgados a través de los gastos fiscales son necesarios para el funcionamiento del sector agropecuario y se justifica su existencia por los efectos positivos que se buscan en términos productivos, económicos y sociales”.

De 2013 a 2018, los incentivos fiscales en términos monetarios a la actividad agropecuaria muestran una tendencia creciente a partir de 2016, equivalente en promedio a 28 mil 501 millones de pesos anuales (mdp); los mayores montos se registran en 2017 y 2018 con 41 mil 847 y 44 mil 121 mdp, respectivamente.

Explica que el monto de recursos de los gastos fiscales se deben considerar como complemento de los fondos presupuestales que anualmente aprueba la Cámara de Diputados para el campo mexicano, a través del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC).

Son recursos que en lugar de otorgarse mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) como gasto público, se canalizan en forma de beneficios a los contribuyentes del sector agropecuario, mediante un sacrificio recaudatorio que al final se refleja con igual impacto en las finanzas públicas.

Comentó que su impacto en éstas es menos visible que el del presupuesto, por “no ser objeto de una evaluación sistemática por parte del Legislativo, pese a que adquieren relevancia por la pérdida estimada de ingresos ocasionados porque el gobierno otorga exenciones o preferencias fiscales a un determinado sector de contribuyentes o alguna actividad económica”.

El diagnóstico del CEDRSSA apunta que los gobiernos aplican en sus informes y análisis presupuestario un trato diferente a los gastos fiscales y al gasto público, ya que los apoyos tributarios “no se sujetan a la aprobación anual de los Congresos y, por lo tanto, están menos propensos a someterse a un examen periódico de control y evaluación y son aplicables a cualquier ley tributaria”.

Por ello, considera que existen algunos incentivos tributarios que no sólo no cumplen los objetivos para los que se crearon, sino que distorsionan la estructura del sistema recaudatorio y su correcto funcionamiento, y deben revisarse o incluso eliminarse con el propósito de aumentar la captación de impuestos.

Pese a que entre 2013 y 2017 la captación tributaria aumentó en más de 3.4 puntos del PIB, sigue siendo baja en relación con otros países de América Latina y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Mediante la aplicación de exenciones, deducciones, tasas reducidas, regímenes especiales y otros incentivos fiscales, el gobierno mexicano busca lograr diversos objetivos, como atraer inversión extranjera directa, estimular el ahorro, desarrollar regiones atrasadas, promover exportaciones, industrializar, generar empleo, cuidar el medio ambiente, transferir tecnología, diversificar la estructura económica y formar capital humano.

No obstante, el logro de estos objetivos es cuestionado y escasamente evaluado. “Lo cierto es que estos gastos fiscales generan un sacrificio en la recaudación tributaria, el cual resulta significativo, debido a la reducida carga fiscal que registra nuestro país, frente a la creciente necesidad de recursos para financiar el Presupuesto de Egresos de la Federación”, destaca el análisis.

Además, la OCDE sostiene que la captación de impuestos en México es insuficiente para financiar la inversión pública en infraestructura que exige nuestra economía, así como para cubrir las necesidades de educación, salud, reducción de la pobreza, apoyo familiar y protección social.

El análisis refiere que de acuerdo con datos oficiales, los gastos fiscales en México se han reducido en forma significativa, al pasar de 4.1 por ciento del PIB en 2013 a 3.9 por ciento del PIB, previsto para 2018, por lo que “todavía hay margen para eliminar algunos incentivos tributarios que pueden considerarse ineficaces y ampliar la base de contribuyentes”.

Considera que sin otorgar las diversas modalidades de gastos fiscales, la recaudación tributaria en México podría alcanzar un nivel del 17 por ciento del PIB.

Se refrenda que los gastos fiscales no siguen un proceso presupuestario, ya que no forman parte del Paquete Económico que incluye principalmente el PEF y la Ley de Ingresos, además de carecer de medidas de control y evaluación por parte del Legislativo que permitan saber si los beneficios otorgados cumplen con los objetivos que se busca lograr.