Por: Redacción/

La directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Karla Micheel Salas Ramírez, afirmó que es necesario que la Cámara de Diputados vigile y supervise los recursos destinados a la atención de la violencia contra las mujeres, ya que la mayoría se destinan al gasto corriente de algunas dependencias y no a las acciones directas para su prevención y atención.

Indicó que en 2018 se destinaron a estos refugios aproximadamente 350 millones de pesos, de los cuales únicamente 130 millones fueron destinados para los administrados por las organizaciones de la sociedad civil, 30 millones para los operados por el gobierno; “ahí tenemos más de 150 millones que en realidad no sabemos a qué se están destinando” o si terminan gastándose en papelería” y otros productos que se consideran gasto corriente.

La también abogada feminista pidió que se haga una mayor supervisión para el año 2019, y que este presupuesto se traduzca en acciones directas para la atención y la prevención.

En el marco de las Audiencias Públicas: Feminicidios, Emergencia Nacional Impunidad Institucional, que convocó la diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena), Salas Ramírez destacó que el Estado mexicano no ha asumido plenamente su obligación de atender, prevenir e investigar la violencia contra las mujeres, que actualmente es una emergencia nacional.

Urgió la necesidad de crear un padrón de huérfanos para los hijos de las víctimas de feminicidio, pues se desconoce el número de víctimas indirectas; así como un mecanismo unificado para la búsqueda de mujeres y niñas.

Además, expuso que los familiares de estas mujeres coinciden que al momento de denunciar recibieron un trato irrespetuoso, negligente, omiso, y, en ocasiones, un actuar doloso por parte de las autoridades.

“Esta Cámara (de Diputados) debería de llamarles a cuentas a gobernadores, a procuradores, a fiscales, al Poder Judicial. Tiene que servir esta instancia legislativa como un contrapeso de estas autoridades que no están ejerciendo bien el presupuesto, que actúan de manera dolosa, de manera omisa y negligente”.

Afirmó que el caso del Campo Algodonero en Ciudad Juárez sentó un precedente para toda América Latina en el tema del feminicidio, y aportó elementos importantes que sirvieron precisamente para llevarlo al Código Penal.

“Hoy podemos decir que son 32 entidades federativas las que reconocen el tipo penal de feminicidio; sin embargo, tenemos muchos problemas en su aplicación, la mayor parte de los códigos no están armonizados”.

Señaló que “hasta el 2015 únicamente en 10 entidades federativas habían emitido sentencias por feminicidio. Es decir, tenemos el delito pero en la mayor parte del país los jueces, los fiscales no están utilizando el tipo penal”.

El caso del Campo Algodonero le recordó al gobierno mexicano que “la violencia contra las mujeres es un asunto de Estado, es una violación a los derechos humanos, que no se ha asumido plenamente.

“No se trata de casos aislados, episodios esporádicos de violencia; sino de una situación estructural, de un fenómeno social y cultural, enraizado en las costumbres y mentalidades. Esas situaciones de violencia son fundadas en una cultura de discriminación basada por género”.