• El diputado del PRD señala que es necesario debido al sobrecosto que ha tenido la refinería Dos Bocas, y que fue reconocido por el Ejecutivo Federal.

Por: Redacción/

El diputado Marcelino Castañeda Navarrete (PRD) pidió al titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, realizar una auditoría exhaustiva a los costos de los “megaproyectos” del Gobierno Federal.

En un comunicado, el diputado integrante de la Comisión de Vigilancia de la ASF afirmó que es necesaria esa auditoría toda vez que el pasado 24 de junio el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, reconoció un sobrecosto del 50 por ciento en la construcción de la refinería Dos Bocas, “y lo mismo ha ocurrido en el caso del Tren Maya”.

El legislador perredista, en el marco de la “Primera Entrega de Informes Individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021”, hizo un llamado para que se inicien las auditorías correspondientes y se dé un activo seguimiento con el fin de que las mexicanas y mexicanos sepan cuánto realmente se gastó.

Detalló que su petición se refiere especialmente al aeropuerto internacional de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, por lo que instó a cumplimentar las observaciones y/o recomendación que, en su caso, correspondan en lo referente al recurso federal.

El legislador federal por la Ciudad de México agregó que desde su grupo parlamentario buscará hacer patente la solicitud de la ciudadanía y el reclamo social que exige la erradicación de la corrupción, reconociendo que éste es un cáncer que afecta el desarrollo de nuestro país.

“Por esta razón es que las y los legisladores del PRD seremos responsables como lo hemos sido siempre y no tengan duda que haremos lo que nos corresponde para que la fiscalización de la cuenta pública siga siendo una herramienta que ayude a la eficiencia y a la transparencia del ejercicio del gasto público”, enfatizó.

Finalmente, Castañeda Navarrete recalcó que la presentación de los informes de la Cuenta Pública no debe ser visto como “un acto meramente protocolario”, sino como “un mandato constitucional establecido en el artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política, donde la Cámara de Diputados tiene facultad exclusiva de revisar” los gastos hechos por la federación en todos sus ámbitos.