Por: Redacción

Es necesario promover el desarrollo rural sustentable de las regiones áridas y semiáridas de México, a fin de generar el progreso del campo y el bienestar de las familias que habitan en estas zonas, coincidieron legisladores durante el Foro: “Los Retos del Desarrollo Rural Sustentable en las Zonas Áridas. La Regionalización de las Políticas Gubernamentales”.

En el evento, organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), académicos indicaron que se requiere adecuar el marco legal del campo, evaluar políticas públicas a nivel local y generar mayor inversión y tecnología.

La secretaria del Comité del CEDRSSA, diputada Delia Guerrero Coronado (PRI), precisó que el objetivo del foro es reflexionar en torno a los enfoques y políticas, y al marco conceptual, normativo e institucional del desarrollo rural sustentable y soberanía alimentaria, mediante propuestas y estrategias orientadas al progreso socioeconómico y participación de las comunidades de las zonas áridas y semiáridas.

Además, detalló, visualizar la situación actual y prospectiva de estas zonas, tomando en cuenta la incorporación de los productores, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en obras prácticas de conservación y uso sustentable de suelo y agua, así como desarrollo de capacidades.

El presidente de la Comisión de Ganadería, diputado Oswaldo Cházaro Montalvo (PRI), señaló que las opiniones vertidas en el foro servirán para hacer compatible la producción y la productividad en materia alimentaria con el desarrollo sustentable del sistema agroalimentario, es decir, “sabremos cómo equilibrar el concepto de productividad y hacerlo compatible con el potencial que ofrecen las zonas áridas”.

Reiteró el compromiso de trabajar al respecto, a fin de impulsar políticas públicas y programas, y realizar una revisión en el rediseño de temas que tengan que ver con el desarrollo del campo y el bienestar de sus familias.

El secretario de la Comisión de Desarrollo Rural, diputado Jorge Tello López (Morena), enfatizó que se tiene que ir más allá de la realización de foros. “Podemos escuchar, pero eso no sirve de nada si no lo llevamos a la práctica. Debemos racionalizar el problema de las zonas áridas, focalizar los recursos y transparentar su aplicación”.

“Nos hace falta recorrer las comunidades para darnos cuenta de que tenemos que trabajar por la gente del campo, ya que este tema se puede convertir en un asunto de seguridad nacional”, afirmó.

El secretario de la Comisión de Reforma Agraria, diputado Óscar García Barrón (PRI), dijo que lo fundamental es fortalecer la actividad del campo para elevar el nivel de vida de los mexicanos. “Ya está bien de tener sólo buenas intenciones”, expresó.

Sustentó que hace falta otorgar mayor asistencia técnica, financiamiento, seguros ganaderos y agropecuarios a las familias que viven en estas zonas. “Hay más de 5 millones de productores que viven en el abandono, miseria y falta de oportunidades. No se trata de generar más leyes, sino de aplicarlas”, subrayó.

El director general del CEDRSSA, Héctor Hugo Olivares Ventura, declaró: “Estamos convencidos de que el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria para el siglo XXI en las zonas áridas y semiáridas, que ocupan más del 50 por ciento de la superficie de nuestro país, tendrán buenos resultados sólo con la participación activa de todos los sectores de la sociedad”.

Es necesario, continuó, promover el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria, acordes con las condiciones particulares de las zonas áridas y semiáridas; revalorizar la diversidad social, étnica, cultural, ecológica, territorial y sus potencialidades. “Sólo así se podrá atacar la pobreza y afrontar los retos que nos plantea la desigualdad social”.

Enfatizó que el gran desafió es impulsar, desde lo local, la regionalización de políticas gubernamentales orientadas al desarrollo de programas y proyectos viables de alto impacto que estimulen capacidades productivas y creativas de mujeres y hombres del campo. “Programas que no sean concebidos desde el escritorio, sino desde la experiencia de quienes ahí viven”, añadió.

Destacó la importancia de los temas de este evento. “Tenemos la expectativa de obtener y aportar como producto respuestas viables, sugerencias útiles para el trabajo legislativo que se conviertan en iniciativas de ley y/o en políticas de gobierno para bien del campo mexicano”.

El profesor e investigador de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, Jorge Galo Medina Torres, resaltó que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, diseñada para respaldar políticas públicas para el campo, “ha tenido una vida incierta e ineficiente”.

Mencionó que dicha norma no tiene concurrencia ni ha sido aplicada de manera completa e integral; además, no hay coordinación entre las secretarias de Estado para poder promover el desarrollo rural sustentable, por lo que propuso retomar el tema de políticas públicas en estas zonas bajo criterios ecológicos, sociales, económicos y medioambientales.

De la Universidad Autónoma Chapingo, el académico e investigador Martín Martínez Salvador explicó que más del 50 por ciento del territorio del país pertenece a la región árida; más de 50 mil comunidades la habitan con múltiples usos y costumbres, formas de organización diversas, las cuales “nos llevan a la necesidad de evaluar las políticas públicas a nivel local”.

Mencionó que se requiere crear sistemas de producción que sean benéficos para todos, tomando en cuenta el manejo del agua y suelo, ya que “no existe un esquema regulatorio del usuario del producto, con el recurso natural en términos de su conservación”.

En su turno, el profesor de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, José Antonio Avalos Lozano, detalló que los problemas de la agricultura de temporal se están convirtiendo en un asunto de seguridad nacional, ya que es el sector más pobre de la población, el cual apenas sobrevive y padece cuestiones de carácter climático.

Sugirió invertir en apoyo técnico, basado en una red nacional de alerta temprana de amenazas meteorológicas, climáticas y biológicas, y destinar recursos a seguros agrícolas. “A pesar de que el gobierno ya cuenta con una estrategia en la ley que contempla estos aspectos, hace falta voluntad política”, demandó.

Finalmente, el dirigente comunitario de la Zona Árida Mixteca de Oaxaca, Rocky Alvarado Hernández, solicitó legislar a favor de los tequios de las comunidades indígenas; planeación y seguimiento de recursos y transparencia en su aplicación.