Por: Redacción/

Para prohibir de forma expresa que gobernadores, secretarios de Estado, subsecretarios, senadores y diputados participen en la entrega de programas sociales, por lo menos durante los seis meses anteriores a la veda electoral, la diputada Araceli Damián González presentó una iniciativa de reformas a los Artículos 449 de la Ley General de Procedimientos Electorales; al 11 de la Ley en Materia de Delitos Electorales, y para adicionar el 28 Bis a la Ley General de Desarrollo social.

La legisladora federal de Morena aseveró que la participación directa de servidores públicos en dicha entrega, particularmente en eventos masivos durante tiempos electorales, tiene un marcado perfil político y representa un serio riesgo de que los comicios se vean afectados por el ejercicio de prácticas de promoción ilegítima personal o partidaria.

“En cada elección, las denuncias de irregularidades acreditadas se multiplican y en gran medida involucran el ejercicio ilegal o fraudulento de recursos federales movilizados por funcionarios públicos para manipular, coaccionar o influenciar la voluntad popular y alterar el curso democrático de los comicios”, puntualizó.

Explicó que, de avalarse dichas reformas, se garantizaría la neutralidad política de tales funcionarios y se evitaría que los programas sociales sean utilizados para fines ajenos a los de su naturaleza. Ello, agregó, porque las leyes vigentes omiten regular su participación en las actividades relacionadas con la operación de apoyos a la población durante los comicios o previos a los tiempos electorales.

La también Presidenta de la Comisión de Seguridad Social recordó que de acuerdo con las denuncias presentadas en las recientes elecciones del Estado de México, las quejas e impugnaciones más comunes fueron el uso de programas sociales con fines electorales y la participación de funcionarios federales en actividades de proselitismo político.

Damián González insistió que el abierto e ilegítimo intervencionismo de altos funcionarios políticos en procesos electorales se ha convertido en uno de los principales riesgos que enfrenta la democracia mexicana.

En tal sentido, propuso que se especifiquen los cargos de funcionarios que estarán impedidos de entregar beneficios durante tiempos electorales, así como las multas y las penas de cárcel que se impondrán al infractor.