Por: Jesús González

Con el objetivo de visibilizar y difundir la legislación y políticas públicas de la Ciudad de México en materia de interculturalidad, así como promover la asignación presupuestal que favorezca la atención de la población de distinto origen nacional y atención a migrantes, se inauguró el día de hoy el Foro “Política de interculturalidad y programas sociales del Distrito Federal, avances y retos para su consolidación”.

Al inaugurar el foro la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN) y presidenta de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas Sociales, Lourdes Valdez Cuevas, resaltó la necesidad de otorgar mayores recursos al tema, pues para el próximo ejercicio fiscal el gasto público debe ser analizado y reorientado a la población adecuada, porque las erogaciones para los programas de interculturalidad son muy pocos”.

Valdez Cuevas señaló que se emplean 13 millones de pesos para convivencias pluriétnicas, 6 millones de pesos para el fomento de la ciudad hospitalaria e intercultural, apenas 2.5 millones de pesos destinados a proyectos productivos para migrantes y sus familiares y tan solo 139 mil pesos para gestión social de huéspedes y migrantes y sus familias, mientras que para la Secretaría de Gobierno se destinaron más de 400 millones de pesos para alimentos y bebidas, agregó.

De la misma manera, consideró que se debe trabajar en los mecanismos de simplificación administrativa que permitan la integración homogénea y el registro adecuado de la información recabada sobre el tema, así como diseñar y ejecutar campañas de información y educación entre la población en relación con los temas de interculturalidad.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal, señaló que en la administración de Miguel Ángel Mancera se entiende la migración no como un fenómeno, sino como un proceso de movilidad humana originado por diversos motivos como mejorar la situación económica, huir de conflictos sociales o derivado de catástrofes naturales, por lo que no deben ser criminalizados.

Específicamente se refirió a los connacionales que se encuentran en Estados Unidos, quienes, de acuerdo con datos del Banco de México, de enero a octubre de este año, aportaron a la economía nacional por concepto de remesas, 20 mil 695 millones de dólares, esto es, alrededor de 352 mil 815 millones de pesos, lo que representan las primeras fuentes de ingresos para el país.

Al hacer uso de la palabra, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) José Ramón Amieva, comentó que se cuenta con un marco normativo de avanzada en materia de política de interculturalidad, atención para el migrante y movilidad humana del Distrito Federal.

El funcionario indicó que los retos son: generar y garantizar los derechos y libertades; que se regule de manera clara la situación migratoria, que se permita un esquema de organización; que se les proteja de la discriminación; generar protección, perseverar sus valores culturales; que se evite la agresión o esclavitud; acompañamiento real en los trámites legales, entre otros, para lo cual es necesario saber cuántos recursos se tienen en las dependencias.

Durante su intervención, Fabienne Venet Rebiffé, Directora General del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, destacó el andamiaje jurídico que el Gobierno del Distrito Federal ha implementado en materia de interculturalidad e inclusión a todos los sectores de la población capitalina, sin embargo, resaltó la necesidad de continuar trabajando para la inclusión de la población migrante, especialmente de países como Honduras, El Salvador, Guatemala, así como de la población indígena de la capital, quienes dijo, desconocen sus derechos.

Asimismo, Venet Rebiffé indicó que, si bien en la Ciudad de México contamos con el Programa Sectorial de Hospitalidad, Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana, es indispensable que tanto gobierno como legisladores e instituciones privadas, asuman su responsabilidad al respecto y garanticen el incremento en materia presupuestal y finalmente, la implementación de los mecanismos necesarios para la evaluación de las políticas públicas en la materia.