Por: Redacción/

El diputado Waldo Fernández González (PRD) promueve una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Seguridad Nacional en la que plantea fortalecer medidas de prevención, defensa, detección, análisis, investigación, recuperación y respuesta ante ciberataques.

Ante la multiplicación de éstos, es necesario elaborar una política pública que garantice el uso seguro de redes y sistemas de información, subrayó.

El documento refiere que entre 2004 y 2016 el número de usuarios de internet en México pasó de 12.8 millones a 65.5 millones, aumento que no se ha acompañado por una política que garantice la seguridad de los usuarios y la información. Además, el índice Global de Ciberseguridad 2017, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones ubica al país en el lugar 28 del ranking mundial, y el tercero en América.

El dinámico desarrollo de las tecnologías de la información ha abierto nuevos frentes para la defensa de los países y ha difuminado las barreras territoriales, por lo que garantizar la seguridad en esta área es un objetivo prioritario en las agendas de la mayoría de los gobiernos, ya que “puede llegar a afectar a la seguridad nacional”.

La protección del ciberespacio es un nuevo campo que requiere ser defendido, y el gobierno mexicano ha implementado medidas para tratar de contener ese tipo de amenazas, con un marco jurídico que contempla desde el artículo 89 de la Constitución hasta la creación de Ley de Seguridad Nacional en vigor, apunta la iniciativa.

Propone crear una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que incluya un efectivo marco jurídico; promover buenas prácticas; formar especialistas; colaborar con la iniciativa privada, y vigorizar la ciberdefensa.

Además, crear un grupo de alerta, vigilancia y advertencia ante incidentes cibernéticos, denominado Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSITR).

Establece que “se refuerce la resistencia de tecnologías de infraestructura crítica de información y comunicaciones ante las ciberamenazas”, con énfasis en las instituciones gubernamentales y los sectores importantes para la seguridad nacional: energético, financiero, de transporte y de telecomunicaciones, además de promover la cooperación del sector público con el privado y académico en esta tarea.