Por: Redacción/

Se deben redoblar esfuerzos, formar un frente común contra la violencia de género y darle seguimiento para que quienes violentan a las mujeres sepan que serán sancionados, afirmó la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan.

Al participar en el Cuarto Conversatorio en línea “Mujeres al poder libres de violencia política en razón de género. Chiapas 2021”, que forma parte del ciclo de conversatorios Desafío para el cumplimiento de la paridad de género y el combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género ante los procesos electorales, organizado por el INE, subrayó la importancia de generar las condiciones para que las mujeres acudan a inscribirse y postularse a cargos de elección en contextos libres de violencia.

Mencionó que, en los comicios de 2021, se elegirán 21 mil 368 cargos de elección popular y de ellos, 10 mil 684 tendrán que ser ocupados por mujeres, es decir, 16 por ciento más cargos que en 2018, con un padrón cercano a los 95 millones de ciudadanos que acudirán a las urnas.

“El reto es hacer una implementación exitosa de las reformas, que ninguna mujer violentada en el país se quede sin ser atendida, se le otorguen las medidas cautelares adecuadas y de protección. Tenemos que formar un frente común contra la violencia de género y tenemos que entender que no podemos atender o dar seguimiento a los casos de violencia política con los enfoques tradicionales, se deben cambiar a transversales y multidisciplinarios”, subrayó.

La Consejera Humphrey enfatizó que lo que está en juego es la integridad y la vida de las mujeres. “Proteger los derechos de la integridad de las mujeres es tarea de todas y todos, principalmente de las autoridades”, dijo al puntualizar la importancia de generar condiciones de denuncia y que quienes violentan a las mujeres “sepan que sí pasa que se pueden quedar sin una candidatura, que puede ser multado, expulsado de un partido político y que incluso, puede estar en prisión por cometer violencia política contra las mujeres”.

Por ello, explicó que se han aprobado reformas importantes, la primera de paridad en todos los cargos; la de 2019 que hace posible que cualquier mujer ocupe cualquier cargo de elección popular en este país, así como la obligación para los partidos políticos de postularlas de manera paritaria y modificaciones a ocho leyes en las que se establecen 22 conductas que pueden constituir violencia política en razón de género.

Humphrey Jordan precisó la importancia de la coordinación para conformar el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Violencia Política que, si bien no impide que sean postulados a un cargo, inhibirá a que se cometan este tipo de faltas o bien a que se sofistique la forma en la que violentan a las mujeres, porque claramente quienes tengan una resolución firme, que las condene o sancione en materia de violencia política serán inscritas en este registro público.

Violencia política contra las mujeres constituye un gran obstáculo para que ellas contiendan en condiciones de igualdad

En el Cuarto Conversatorio, la Consejera Dania Paola Ravel Cuevas señaló que “la violencia política contra las mujeres por razón de género constituye un gran obstáculo para que ellas contiendan en condiciones de igualdad” a pesar de la existencia de condiciones paritarias para casi todos los cargos públicos.

Dijo que el entorno ha sido hostil y empeoró con el confinamiento generado por la crisis sanitaria del COVID-19, por lo que la ONU alertó de la pandemia en la sombra causada por la escalada de violencia contra las mujeres, dado el ínfimo acceso y disponibilidad de servicios de apoyo para combatir la violencia machista y “el ámbito político no ha estado ajeno a esta situación, lo que ha generado una subrepresentación de mujeres en cargos de elección popular o en posiciones estratégicas para la toma de decisiones”.

La Consejera Ravel consideró que uno de los primeros retos en la implementación de la reforma es cambiar la reproducción inercial de una conducta machista y desde el espacio institucional, se puede hacer sensibilizando, concientizando y visibilizando conductas que constituyen violencia simbólica usando un lenguaje sencillo.

“Gracias a la reforma legal, tenemos un procedimiento específico, tenemos una definición legal, tenemos sanciones concretas, tenemos medidas de reparación, medidas de protección y medidas cautelares específicas”, dijo, al mencionar algunos de los retos como la implementación de estos cambios legales.

En su intervención, Leticia Bonifaz, experta de la CEDAW consideró que se debe avanzar en el hecho de que la desigualdad en el espacio público debe llevar a ver la desigualdad en el espacio privado.

“La perspectiva de género nos ayuda a ver que no existe piso parejo, porque el espacio público, desde hace muchos años ha estado reservado a los hombres y, en contraste, el espacio privado ha estado reservado a las mujeres, en consecuencia, cuando una mujer pretende entrar al espacio público, sin dejar sus responsabilidades en el espacio privado, hay una doble carga para conciliar ambos espacios”.

Denunció que en Chiapas muchas mujeres que accedieron a los cargos de presidentas municipales por el principio de paridad, en muchas ocasiones no las dejaron ejercer el cargo o se aparecen en reuniones, en espacios públicos, hombres que dicen estar en cargo que “ellas están de parapeto o para firmas”.

Ante la experta independiente del Comité CEDAW, Leticia Bonifaz, las consejeras electorales Dania Paola Ravel, Sofía Martínez. Blanca Parra, Sofía Sánchez y la presidenta de la Red de Mujeres, María Sánchez, el Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas subrayó que es fundamental conocer el avance y los alcances de las nuevas disposiciones en materia de paridad de género, para que la participación política de las mujeres se pueda realizar de manera plena.

“Ningún movimiento ha sido tan poderoso en términos políticos y sociales en los últimos 30 años como el feminismo y los avances logrados en México son incalculables como la garantía al principio de paridad, los espacios de representación política en los parlamentos y en otras arenas”.

Celebró las reformas a nivel local que permiten la participación política de las mujeres de forma libre, así como la tipificación y procedimientos sancionadores que hacen posible investigar y sancionar la violencia política en contra de las mujeres.

De ahí que consideró que el reto pasa por difundir las reformas ya que no podrán materializarse si las posibles candidatas no las conocen, así como la armonización legislativa para no correr el riesgo de no brindarles la debida atención, para lo que es necesaria la colaboración interinstitucional.