Por: Patricia Ramírez

En México debe existir el libre acceso a ejercer el derecho a la consulta previa e informada de los pueblos indígenas ante sus proyectos económicos, por lo que Norma Inés Aguilar León, cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), expresó necesario que el Estado realice un marco legislativo adecuado y armonice el orden jurídico ya que Durango y San Luis Potosí son los únicos estados que tienen una ley específica en materia.

El propósito para garantizar la consulta previa involucra posibles modificaciones normativas y de políticas públicas que afecten al desarrollo de los proyectos productivos y económicos de los pueblos indígenas, ya que se necesita de una libre comunicación para asesorarlos sobre requerimientos necesarios y evitar la violación a sus derechos por falta de información.

Además, Aguilar León también considera importante que las empresas que desean realizar su trabajo con comunidades indígenas, respeten las prácticas, costumbres y libertad de ellos, acción que para su cumplimiento requiere de la supervisión del gobierno mexicano.

En la Recomendación General número 27 “Sobre el Derecho a la Consulta Previa, Libre, Informada, Culturalmente Adecuada y de Buena Fe de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la República Mexicana” de la CNDH, se manifiesta la necesidad de mantener una consulta que este sector.

Finalmente, se propuso la capacitación de servidores públicos para cumplir cualquier normatividad relacionada a la comunicación y respeto de los derechos de los indígenas, además de fomentar la responsabilidad de las empresas privadas en su trabajo con cualquier comunidad.