Por: Redacción

La secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ivanova Pool Pech, expresó que el caso del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, es una muestra más de los actos de corrupción e impunidad que proliferan en nuestro país, y de que desafortunadamente generan altos costos sociales, como rezago en el crecimiento económico y aumento de la inseguridad en diversas entidades.

La diputada federal del PRD expresó: “El arresto en Italia del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, es una muestra de la impunidad que permea en México, pues mientras que desde el 2012 la DEA y el FBI lo buscaban por cargos de ”lavado” de dinero y otros delitos, el ex gobernador priista contaba hasta octubre de 2016 con escoltas pagadas por el gobierno de la entidad y es hasta diciembre de ese año que su partido lo expulsa”.

Por ello, dijo que es poco creíble que el PRI tenga la voluntad de combatir la corrupción política de sus ex gobernadores. Por el contrario, dijo que este caso constituye un acto de protección política y confabulación entre autoridades federales y estatales.

El portal Breitbart Texas -considerado en la actualidad un medio con nexos directos en el Gobierno de la Casa Blanca- destacó: “Las autoridades mexicanas no jugaron ningún papel en el arresto”, así como que la administración de Peña Nieto “intenta mantener a un político corrupto lejos de la extradición a EU, donde él tiene cargos por narcotráfico y lavado de dinero”.

La legisladora resaltó que a pesar del alto número de gobernadores acusados de corrupción de 2000 a 2013 en México, sólo 16 han sido investigados y apenas cuatro castigados, lo cual contrasta con Estados Unidos, pues en ese mismo periodo, los nueve gobernadores acusados fueron detenidos.

Expresó también que los funcionarios corruptos no solo deben ser castigados con el encarcelamiento, sino que también las autoridades deben confiscarles los bienes para resarcir y devolver el patrimonio a las entidades federativas que fueron afectadas por sus malos gobiernos.

“Para frenar la corrupción es urgente que se apliquen los criterios de transparencia y rendición de cuentas, que se haga justicia, que cualquier funcionario corrupto sea arrestado y destituido del servicio público. Los tres niveles de gobierno deben comprometerse en el combate a la corrupción y dejarse de simulaciones”, puntualizó Ivanova Pool.