Por: Redacción/

Para hacer efectivo el uso de los bloqueadores de celulares en los centros penitenciarios del país, es necesario sacar su operación de las cárceles y poner nombre y apellido al responsable de su operación, afirmó el presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, Luis Wertman Zaslav.

Para el titular del organismo, quien trabaja el tema de extorsión telefónica desde hace casi 11 años, el problema de la corrupción se da no solo al permitir el ingreso de teléfonos celulares a las cárceles, lo cual está prohibido, sino en aquellos que operan los bloqueadores y que tan solo con un botón pueden desactivarlos.

Desde hace al menos 4 años, cuando estaba en discusión la reforma a la Ley de Telecomunicaciones que planteaba la aplicación de los bloqueadores y la cancelación del número de identificación de los celulares (IMEI, por sus siglas en inglés), el presidente del Consejo estableció lo inútil de la medida sino se transparentaba esta acción.

Wertman Zaslav propuso que la operación de los bloqueadores se llevara a cabo en instalaciones ajenas a los centros penitenciarios y que quienes fueran los responsables de los mismos fueran conocidos de la sociedad civil, de esta forma, en caso de fallar -como se ha demostrado-, se tendría un responsable a quien sancionar.

Subrayó que es la opacidad la mayor aliada de la corrupción y la omisión, porque impide establecer sanciones para quienes incumplan con sus labores, como sucede en este caso.

Finalmente destacó que en el tema de las extorsiones no solo hay responsabilidad de las autoridades, también de las compañías telefónicas, porque han fallado en la cancelación del IMEI, el cual, ha demostrado el propio Consejo se puede clonar y, con ello, se pueden seguir usando teléfonos robados para alimentar un mercado negro y el delito de la extorsión, los cuales seguirán mientras no se corrijan estos errores.