Por: Redacción/
La corrupción es un obstáculo muy importante que impide la eliminación de la pobreza y el desarrollo social. Para aspirar a una sociedad justa y equitativa, es urgente reducir este flagelo que ha caracterizado a la actual administración del Gobierno de la Ciudad de México, afirmó el diputado Alberto Martínez Urincho.
Por ello, el legislador del Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa para reformar 22 artículos del Código Penal y cuatro más del Código de Ética de los Servidores Públicos, ambos del Distrito Federal, a fin de combatir, inhibir y erradicar la corrupción en el servicio público y alentar en ese sector mejores prácticas de austeridad y racionalidad.
“La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad del Gobierno de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia, a la vez que desalienta la inversión”, aseguró.
En la Sesión Ordinaria de hoy del Congreso capitalino, consideró que la participación social en el combate a la corrupción concede fuerza a la gobernanza, por lo cual también planteó la creación de un Observatorio Ciudadano contra la corrupción e impunidad, integrado por ciudadanas y ciudadanos ejemplares que evalúen el alcance y los resultados de políticas públicas de buen gobierno y mejores prácticas administrativas.
Martínez Urincho sostuvo que con esta propuesta legislativa se manda un claro mensaje de que el combate a la corrupción empezará desde el servicio público en esta nueva época de transformación, honestidad y austeridad para México.
El legislador de Morena explicó que esta iniciativa plantea una revisión integral de los tipos penales, relacionada con sanciones privativas de libertad, multas e inhabilitaciones en el servicio público, previstos en Título Décimo Octavo del Código Penal para el Distrito Federa, intitulado “Delitos relacionados con hechos de corrupción en contra el servicio público cometidos por Servidores Públicos”.
La iniciativa fue turnada para su dictamen a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, para su análisis y dictamen
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