Por: Redacción/
El Grupo Parlamentario del PT en el Senado de la República presentó una iniciativa que busca establecer la obligación de los servidores públicos a capacitarse para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres.
La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre presentó el proyecto en la sesión del pasado 3 de marzo. Ahí, alertó que México “atraviesa por una grave crisis de violencia social, en especial contra las mujeres, producto de la descomposición de la sociedad, el machismo sistemático y la pérdida de valores”.
Expresó que las niñas y mujeres mexicanas demandan acciones concretas para enfrentar esta problemática, pues los discursos y las buenas intenciones no son suficientes para alcanzar el anhelo de una sociedad con trato igualitario.
Dijo que ya se han endurecido las penas para el tipo penal de feminicidio; sin embargo, mientras la tasa de impunidad no descienda de poco servirá esta medida. Se requiere, asentó, de una legislación y política pública específica.
En este contexto, la legisladora propuso expedir la Ley General de Capacitación Obligatoria en Materia de Género, Prevención y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres del Estado Mexicano.
Con ello, afirmó, todos los servidores públicos y prestadores de servicios, sin importar su rango, jerarquía o modalidad de contratación, tendrán la obligación de capacitarse anualmente, en el modo y forma que establezca el Instituto Nacional de las Mujeres o su análogo en las entidades federativas, en la materia y los términos que establece la Ley o su reglamento.
Así, explicó la legisladora, se dará un impacto directo sobre las actividades, estrategias, programas, así como en los servicios y productos que presta a la población el Estado Mexicano en todos los Poderes y órdenes de gobierno.
La iniciativa fue suscrita por las senadoras Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia Pinedo Alonso y Alejandra del Carmen León Gastélum, así como los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla Peña, del PT.
La Mesa Directiva turnó este proyecto a las comisiones unidas para a Igualdad de Género, y de Estudios Legislativos, Primera.
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