Por: Redacción/

La senadora Claudia Edith Anaya Mota presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa con proyecto de decreto, para reformar y adicionar diversas disposiciones de las leyes General del Sistema Nacional Anticorrupción y la General de Responsabilidades Administrativas.

En la propuesta de la legisladora del PRI, se señala que debe establecerse en la legislación vigente que las autoridades judiciales amparen con medidas de protección a denunciantes de faltas administrativas y hechos de corrupción, para armonizarla con el capítulo de Medidas para Combatir la Corrupción del Acuerdo Comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entrará en vigor el próximo 1 de julio.

Destacó que en el numeral 7 del artículo 27.3 del pacto productivo en dicha materia, las partes firmantes elevaron los estándares y expectativas sobre los programas de cumplimiento adoptados actualmente por las empresas mexicanas.

Refirió que en dicho capítulo las partes acordaron que cada una adoptará o mantenga medidas que consideren apropiadas para proteger contra un trato injustificado a una persona que, de buena fe y por motivos razonables, informe a las autoridades competentes sobre hechos relativos a diversos delitos.

La legisladora zacatecana indicó que por estas razones, en su propuesta sugiere establecer que el sistema de denuncias públicas y seguimiento de faltas administrativas y hechos de corrupción, deba incluir medidas de protección a denunciantes de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Precisó que esa protección será personal, familiar, laboral y patrimonial y será durante el plazo en que se desahogue el procedimiento de investigación y resolución judicial.

Señaló que el sistema de justicia también deberá promover denuncias anónimas, garantizando la reserva de la identidad de quienes intervienen en las mismas, incluso autorizar, según el caso, que la presentación de la acusación sea por tercera persona.

Dijo que se deben realizar esquemas para poder realizar mediante un trámite sencillo de denuncia con formatos en internet; además de hacer uso de recursos tecnológicos, como videoconferencias, teleconferencias, cámara de gessel, entre otros, que imposibiliten la identificación visual o auditiva del denunciante.

Los quejosos deben recibir asesoramiento sobre los procedimientos a seguir para denunciar un acto de corrupción y, además, las autoridades judiciales deberán también otorgarles medidas de protección, como seguridad policial, cambio de residencia, asistencia monetaria, notificaciones en lugares diferentes al domicilio, principalmente, puntualizó la secretaria de la Comisión de Justicia.

La propuesta fue turnada de manera directa, para estudio y dictamen, a las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores.