Redacción.-

  • La congresista afirmó que con ellos la población pude adoptar medidas de protección. 
  • El GPPVEM propone crear Comisión para la Gestión de Residuos Sólidos. 

La diputada María Mercedes Colín Guadarrama (PRI) planteó exhortar a los 125 ayuntamientos a que, en el marco de los procesos de entrega – recepción, se priorice la actualización de los atlas municipales de riesgos, y a Adrián Hernández Romero, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, a que coadyuve con este proceso. 

En sesión deliberante, la legisladora explicó que estos documentos son cruciales para identificar y mapear las amenazas en un territorio; fenómenos naturales, como inundaciones, terremotos y huracanes; y riesgos asociados con la actividad humana, como contaminación o inestabilidad política, por lo que, al tener un diagnóstico claro de las vulnerabilidades, los gobiernos locales pueden implementar medidas preventivas. 

El punto de acuerdo, turnado a comisiones legislativas para su análisis, añade que, conocer los riesgos y las áreas vulnerables permite tomar precauciones y adoptar comportamientos que reduzcan la posibilidad de sufrir daños durante un evento adverso.

En la presentación, el diputado Valentín Martínez Castillo (morena), presidente de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, respaldó la iniciativa y resaltó que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez está dando atención a los desastres recientes. 

GPPVEM plantea comisión para la atención del problema de los residuos sólidos 

El grupo parlamentario del PVEM propuso al Congreso local la creación de la Comisión legislativa Especial para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos de la Megalópolis para dar seguimiento permanente y generar mejores mecanismos que prevengan y minimicen la contaminación del suelo en la entidad mexiquense.

A nombre de sus compañeros y compañeras de bancada, la congresista Miriam Silva Mata, refirió que el Estado de México genera diariamente 17 mil toneladas de desechos, pero que solamente cinco mil 100 se depositan en lugares que cumplen con la normatividad en materia de protección al medio ambiente, otras cinco mil 100 se vierten en sitios controlados y las restantes seis mil 800 se llevan a tiraderos a cielo abierto, los cuales afectan al ecosistema.

El punto de acuerdo, remitido a la Junta de Coordinación Política para su estudio, precisa que la comisión se conforme con miembros de cada bancada.