• Se dice que los jueces hablan a través de las sentencias, pues ahí es donde expresan sus argumentos sobre por qué decidieron de una u otra forma, expresó el comisionado.

Por: Redacción/

Es necesario un Poder Judicial abierto, que mejore la capacidad de respuesta a las demandas de justicia de la sociedad, favorezca la legitimidad, la rendición de cuentas y contribuya a reparar las violaciones a derechos humanos, planteó el Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Adrián Alcalá Méndez.

“Por esto resalta la necesidad de la apertura total de las sentencias emitidas, si la sociedad no tiene acceso a ellas, no puede evaluar la forma en que se imparte justicia; esto trae como consecuencia la imposibilidad de evitar que se dicten sentencias discriminatorias o que tengan lugar actos de corrupción, pues la labor de los juzgados se encuentra al margen del escrutinio ciudadano”, aseveró.

En el mensaje de bienvenida al curso “Las versiones públicas de las sentencias para una justicia abierta”, que se llevó a cabo de manera virtual en Quintana Roo, Alcalá Méndez enfatizó que las sentencias judiciales son una de las principales fuentes de información para poder determinar la calidad de justicia que reciben las personas, pues permiten saber si existen diferencias en el acceso a la justicia entre diferentes grupos.

“Se dice que los jueces hablan a través de las sentencias, pues ahí es donde expresan sus argumentos sobre por qué decidieron de una u otra forma y, a través de las sentencias, podemos verificar si los jueces basan sus argumentos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, a través de las sentencias se pueden ver las acciones que fijan, si son congruentes o si tienen sesgos”, subrayó el Comisionado del INAI.

Alcalá Méndez consideró que la publicidad de las sentencias es un elemento esencial para una justicia más accesible y libre de discriminación. “Con las sentencias en mano será fácil saber cómo, dónde, por qué y a quién le falla la justicia”, sostuvo.

Orlando Espinosa Rodríguez, Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, comentó que esa entidad transitará rumbo a un Gobierno Abierto y un Estado abierto, con la publicación de las sentencias en versión pública, como lo mandata la ley.

“Esperemos que éste sea uno de los primeros talleres que se den en el Estado“, indicó, al agradecer el apoyo brindado por el INAI.

El Magistrado Antonio León Ruíz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana Roo, informó que ese poder está trabajando para contar con versiones públicas de todas las sentencias en ñ agosto.

“Está la capacitación en este momento a todas las áreas, incluso algunas de las salas para contar con todas las sentencias en versión pública”, señaló.

El curso “Las versiones públicas de las sentencias para una justicia abierta”, fue impartido por el Comisionado del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), Salvador Romero Espinosa, quien comentó que Quintana Roo se encuentra por debajo de la media nacional respecto al porcentaje de sentencias publicadas, “de ahí la relevancia de contar con este tipo de capacitaciones para lograr implementar adecuadamente todo lo que implica esta reforma con el acompañamiento de los organismos garantes locales”, apuntó.

María del Carmen Nava Polina, Coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), dijo que “sería ideal poder tener una perspectiva amplia de lo que implica la justicia abierta, no sólo en términos de las instituciones judiciales, sino también de cualquier institución pública que tome resoluciones en materia semijurisdiccional, por ejemplo, en materia de derechos humanos, para tener un espectro amplio de lo que implica la impartición de justicia”.

También dieron la bienvenida al curso Manuel Guadarrama Herrera, Coordinador de Gobierno y Finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., así como Raúl Cazares Urban, Consejero del Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo y presidente de la  Comisión de Gobierno Abierto de la Red Nacional del mismo Comité.