• “El documento establece las directrices para que las personas que laboran en el INE sepan atender una queja, canalizarla y saber cuándo se configura un delito”, aseguró la comisionada, Norma De la Cruz.

Por: Redacción/

El Protocolo del Instituto Nacional Electoral (INE) para la atención a víctimas y la elaboración del análisis de riesgo en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, brinda a la ciudadanía y a las mujeres víctimas de violencia directrices claras que guíen la actuación del personal público responsable de conocer este tipo de casos, desde el momento en que se presente la queja y con el fin de evitar su revictimización.

“Lo que estamos buscando es que cuando llegue una persona a presentar una queja cada una de las personas que laboramos en el INE sepamos cómo atenderla y canalizarla a la unidad adecuada, pero también saber qué hacer cuando se esté ante casos que pueden o pudieran ser constitutivos de delito”, estableció la Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, Norma De la Cruz Magaña.

Al presentar el Protocolo en el marco del Foro nacional con autoridades electorales, jurisdiccionales y legislativas locales para el análisis de los resultados del proceso electoral 2020-2021 en materia de paridad de género, violencia política contra las mujeres en razón de género e inclusión, desde una mirada prospectiva hacia los próximos comicios locales, agregó que el documento también establece las acciones para los casos en los que el Instituto no sea competente.

“Aunque no seamos competentes detectamos que hay una urgencia de dictar medidas cautelas, nos da la guía de cómo realizar este análisis de riesgo, cómo se aplican los cuestionarios, cómo podemos leerlos, qué medidas de protección se tienen que hacer, se hace un énfasis en informar a las víctimas de sus derechos y de las posibilidades de cómo hacer un mejor ejercicio de ellos”, puntualizó la Consejera De la Cruz.

El Protocolo ofrece una guía desde la presentación de la queja al final

El Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Carlos Ferrer Silva, precisó que el Instituto Nacional Electoral no es una autoridad que pueda conocer, atender y remediar toda la violencia en todas sus dimensiones, pero sí debe canalizar a las instituciones y entes competentes para que las mujeres sean atendidas de manera adecuada y oportuna.

El Protocolo se desarrolló, añadió, porque en la ley no venía expresamente la atención y se elaboró un instrumento que guíe desde la presentación de la queja, hasta el final, es decir, de la A a la Z.

Explicó que al Protocolo lo integran los siguientes procedimientos: Atención de primer contacto a mujeres víctimas de violencia política en razón de género; análisis de riesgo; medidas de protección y un plan de seguridad.

“La atención de primer contacto con las víctimas supone que el personal esté calificado o que tenga elementos mínimos básicos para poder atender a las mujeres, es decir, el personal debe estar en condiciones de detectar alguna situación urgente de la mujer víctima de violencia, que puede ser médica, psicológica, de seguridad o cualquier otra que ponga en riesgo su integridad, seguridad o vida”.

Mencionó que el análisis de riesgo significa que se va a hacer un estudio para determinar cuál es el grado de seguridad, es decir, “el riesgo de que se repitan, aumenten, continúen conductas violentas en contra de la víctima por parte de la persona agresora”.

Las medidas de protección permanecen hasta que se resuelve el asunto, dijo, y son las custodias personal, domiciliaria, protección policial, prohibición de que la persona agresora se acerque al domicilio, o lugar de trabajo, se comunique, intimide, moleste o agreda a la víctima y que haya resguardo de armas de fuego u objetos utilizados para amenazar o agredir.

Y finalmente, el plan de seguridad, “no es una medida entendida exclusivamente de manera policiaca que en cuyo caso no correspondería al Instituto Nacional Electoral, lo que sí es, es una serie de estrategias para salvaguardar la seguridad de la víctima que tiene como finalidad prevenir y mitigar riesgos futuros”.

Ferrer Silva recordó que el INE como autoridad administrativa electoral, solamente investiga los procedimientos, puede dictar medidas cautelares y las medidas de protección pero el fondo lo resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Violencia restringe derechos

En su intervención, la titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, Laura Liselotte Correa de la Torre, sostuvo que la violencia contra las mujeres constituye uno de los principales problemas públicos de alcance global, que restringe los derechos primigenios de respeto a la vida y dignidad y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.

“El Protocolo y las herramientas de trabajo que lo integran constituyen recursos para fortalecer la respuesta del INE con el propósito de establecer ejes rectores encaminados a salvaguardar la vida, la libertad y la integridad de la víctima”, destacó.

La violencia de género sigue siendo una tarea pendiente, por lo que en opinión de Correa de la Torre, el homologar criterios para su prevención y atención, el fortalecer, articular la vinculación con autoridades gubernamentales, organismos autónomos, órganos desconcentrados, sociedad civil organizada, academia, organismos de cooperación internacional, partidos políticos, entre otros, favorecerá de manera progresiva la eliminación de los riesgos que enfrentan las mujeres en el ámbito político electoral.

Reto para fortalecer la democracia: garantizar condiciones para la participación política de la mujer

En seguida, durante la primera mesa Análisis de resultados del proceso electoral 2020-2021 en materia de paridad de género, violencia política contra las mujeres en razón de género e inclusión: Avances y obstáculos, la Consejera Dania Ravel Cuevas planteó los retos pendientes.

“Hemos tenido avances constantes en el ámbito de la igualdad formal, pero aún no logramos consolidar un entorno igualitario en la vía de los hechos, eso sigue siendo un reto”.

La violencia política contra las mujeres en razón de género sigue siendo uno de los obstáculos más apremiantes que enfrentan las mujeres que desean participar o que han participado en el espacio público político, por lo que “garantizar que existan las condiciones para la participación política efectiva de todas las mujeres es uno de los mayores retos para el fortalecimiento de nuestra democracia”.

Mujeres valientes para ejercer su voto

Muchas mujeres en la actualidad tienen que ser valientes para ejercer su voto, aseveró la Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, al precisar que las mujeres que quieren competir en el municipio están siendo más violentadas y más obstaculizadas, y es por ello que a nivel municipal se dio la primera nulidad de elección realizada por el Tribunal.

Unir esfuerzos para avanzar en la igualdad

En esta mesa, la Directora General de Política Criminal y Vinculación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL), María de los Ángeles Lozano Mac Donald, destacó que el trabajo y esfuerzo conjunto de las autoridades electorales debe contribuir a seguir avanzando con paso firme hacia la igualdad entre mujeres y hombres en este ámbito político, por lo que mencionó las acciones que la Fiscalía realiza en pro de la lucha contra la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Por su parte, Hilda Yolanda Hermosillo Hernández, Presidenta de la Comisión de Igualdad Política y No Discriminación del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, destacó que en su entidad, la elección de 2021 nos dejó un cúmulo de enseñanza sobre democracia paritaria, pero también respecto a la inclusión desde el enfoque del ejercicio igualitario de derechos, ya que las medidas afirmativas ampliaron su cobertura hacia grupos en situación de discriminación por origen étnico, racial, identidad y expresión sexogenérica, así como condición de salud, quienes, de igual forma, han padecido la exclusión del espacio de la toma de decisiones.

Igualdad es un elemento esencial de las democracias

Al hablar de paridad, necesariamente nos debemos enfocar en una evolución histórica en favor de la democracia, apuntó la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, Claudia Eloisa Díaz de León González, al recordar que “la participación paritaria de las mujeres ha tenido que solventar conductas que en otros tiempos eran evidentes, notorias y muy normalizadas”.

En su intervención, la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Paridad de Género, Igualdad y No Discriminación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, Norma Beatriz Pulido Corral, señaló que “en materia político-electoral la igualdad como derecho se constituye como elemento esencial de las democracias, ya que legitima el actuar de las instituciones formales e informales de la sociedad pues atiende valores ético-jurídicos en un mismo plano”.

La Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Durango, Blanca Yadira Maldonado Ayala, advirtió que “uno de los ámbitos sociales donde la violencia hacia las mujeres se ha generalizado de manera sistemática en razón de género es precisamente el espacio público”. Ante este escenario, gracias a la lucha de centenares de mujeres, “se han hecho avances notorios en la inclusión y participación de las mujeres en la vida política, mediante la instauración de políticas públicas orientadas a cumplimentar con el principio de paridad de género”.

Sanjuana Martínez Meléndez, Presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género del Congreso de la Aguascalientes, afirmó que el ejercicio de derechos de las mujeres genera incomodidad en algunos sectores de la sociedad; sin embargo, “las mujeres debemos hacer por nuestros derechos lo que sea necesario”.