• MUCD subrayó que la privación de la vida de una persona en un contexto que no corresponde al uso legitimo de la fuerza, es una violación grave de derechos humanos , de modo que  constituye una responsabilidad internacional.

Por: Oscar Nogueda/

México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) señaló que la ejecución de una persona en custodia de un operativo en Tamaulipas, ordenada por elementos castrenses, demuestra la falta de regulación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Asimismo, subrayó que la privación de la vida de una persona en un contexto que no corresponde al uso legitimo de la fuerza, es una violación grave de derechos humanos , de modo que  constituye una responsabilidad internacional.

“Ejecuciones extrajudiciales como esta, que tuvo lugar el 03 de julio de 2020, no deben tener lugar en un país democrático. La privación deliberada y arbitraria de la vida a una persona en circunstancias que no corresponden al uso legítimo de la fuerza, es una violación grave de derechos humanos que constituye responsabilidad internacional para el Estado que la comete o la posibilita”, mencionó MUCD.

La organización mencionó que la militarización de la seguridad pública es la principal causa del aumento de las violaciones de derechos humanos, asimismo agregó que la adscripción de efectivos militares a la Guardia Nacional y el Acuerdo presidencial en materia de seguridad abonan a la inseguridad del país.

“La acción de los militares se suma a una larga lista de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, de las que el Estado mexicano es el principal responsable. Desde 2006, la militarización de la seguridad ha sido la principal causa del dramático aumento de las violencias y de las violaciones a los derechos humanos. Además, la adscripción casi exclusiva de elementos castrenses a la Guardia Nacional y el Acuerdo Militarista del 11 de mayo de 2020, son elementos de una estrategia que solo abonan a un clima de inseguridad”, apuntó MUCD.

Ante esta situación, MUCD exhortó al Congreso de la Unión a regular la participación del Ejército y la Marina en la seguridad interna del país, con el objetivo cumpla con los requisitos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH).

“A más de un año de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, sigue haciendo falta una regulación que ponga orden a las acciones de las Fuerzas Armadas en territorio Nacional, y permita el retiro gradual y definitivo del Ejército y la Marina de toda tarea correspondiente a la esfera civil”, externó MUCD.

Por último, llamó a las autoridades federales a a investigar y sancionar en la linea de mando militar correspondiente a los responsables de esta situación.