Por: Javier Bárcenas
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a través de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, someterá a consideración del Pleno un punto de acuerdo para que se solicite a las autoridades competentes una investigación contra el edil de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, por un presunto hecho de corrupción para obtener la alcaldía.
En el punto se exhorta al Consejo General del INE a investigar por la Unidad Técnica de Fiscalización, en coordinación con la CNBV, la PGR, la ASF y la CNDH, respecto al consentimiento de la dirigencia del Partido Social Demócrata de Morelos del pago al ahora edil de Cuernavaca para participar en la contienda electoral de 2015 mediante un contrato entre particulares.
La diputada señala que un estudio muestra que entre las 76 ciudades más grandes del país, Cuernavaca, Morelos, es la que tiene el mayor número de delitos violentos, lo que la convierte en una de las más inseguras y tiene la tasa más alta de delitos violentos comparada con otras metrópolis del territorio nacional.
Además la tasa de delitos violentos en Cuernavaca es la más alta, ya que se registraron 14 mil 775 de estos delitos por cada 100 mil habitantes.
Lo anterior conlleva falta de inversión en el municipio y consecuencia de ello la falta de trabajo para los cuernavacenses, el crecimiento de la pobreza, la falta de servicios adecuados por parte del estado, etcétera, además de vivir con el riesgo latente de la inseguridad en ese municipio, aunado a lo anterior se suman la violaciones al estado de derecho y a la democracia no sólo del municipio sino de la nación.
Recientemente se mencionó que el exfutbolista, Cuauhtémoc Blanco Bravo, recibió la cantidad de siete millones de pesos , del Partido Socialdemócrata de Morelos, para contender por la alcaldía de Cuernavaca en los comicios de 2015, y exigió además la renta de dos departamentos de lujo con el fin de competir por dicho cargo.
Cabe destacar que estas declaraciones de pagos se dan como consecuencia de la separación que hace el ahora edil de Cuernavaca, Morelos, del partido que lo postuló para ocupar el cargo, previa destitución de los secretarios del ayuntamiento, Asuntos Jurídicos, Obras Públicas, Desarrollo Social y el coordinador de Comunicación Social.
Declarando en ese momento el edil de Cuernavaca: “He tomado la decisión de desligarme del Partido Socialdemócrata por las acciones que ha tomado el señor Roberto Yáñez para desestabilizar el ayuntamiento y las cuales sigue realizando”.
Además el ciudadano Roberto Carlos Yáñez Moreno, y su hermano Julio César, fueron señalados como los artífices de la participación del ahora edil con el Partido Socialdemócrata de Morelos, además de ser vinculados con la organización criminal Guerreros Unidos, hecho que fue denunciado en narcomantas en mayo de 2015.
Por lo anterior, Morena exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Procuraduría General de la República, la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realicen una investigación pronta y expedita con el fin de determinar la posible comisión de uno o varios delitos cometidos.
Todos ellos en perjuicio del municipio de Cuernavaca, Morelos, de su población y de la democracia del país, respecto del consentimiento de la dirigencia del Partido Socialdemócrata de Morelos del pago de siete millones de pesos realizados al ahora edil de Cuernavaca, Morelos, para participar en la contienda electoral de 2015, por medio de un contrato entre particulares, mismos que fueron beneficiados al ser contratados por el ahora presidente municipal Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Además, se exhorta respetuosamente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Procuraduría General de la República, la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que una vez determinada la comisión de uno o varios delitos de quien recaigan, hagan públicas las denuncias correspondientes que lleven a subsanar los daños ocasionados por el o los implicados.
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