Por: Redacción/

Más de 2 millones 700 mil indígenas carecen de servicios públicos y de recursos suficientes para acceder a un mínimo de bienestar, incluso de salud, entre otras razones por falta de personal bilingüe en las instituciones gubernamentales encargadas de los programas, por lo que la diputada Olga Catalán propuso reformar la Constitución para que dichas instituciones se obliguen a proporcionarles asistencia en su lengua para asegurar que sean beneficiarios reales.

Se trata de una adición a la fracción III del apartado B del segundo artículo de la Carta Magna en la que se establece que para abatir las carencias y rezagos que les afectan, los pueblos y comunidades indígenas contarán con la asistencia de personal que les brinde información e instrucciones en su lengua madre durante las etapas de tratamiento y diagnóstico.

En dicha fracción ya se prevé que para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades tienen la obligación de “asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil”.

Sin embargo, la diputada Catalán Padilla advirtió que tal garantía no se concreta en la realidad para millones de indígenas del país precisamente porque, al ser monolingües, carecen de la orientación necesaria para acceder a tales servicios de salud, de modo que ello contribuye a que México siga como el país latinoamericano con la mayor cantidad esta población en situación de marginación y vulnerabilidad.

Aunque el artículo 51 de la Ley General de Salud establece que cuando se trate de atención a usuarios originarios de pueblos y comunidades indígenas, éstos tienen derecho a recibir información en su lengua, lo cierto es que la normatividad y la práctica en los organismos públicos de salud estatales y federales hacen nugatorio tal derecho.

La legisladora perredista refirió que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 6.5 por ciento de la población habla alguna lengua indígena, es decir, siete millones 382 mil 785 personas de tres años y más de edad.

De esta población, 13 de cada 100 personas sólo puede expresarse en su lengua materna. Esta situación es más evidente entre las mujeres que entre los varones: 15 de cada 100 mujeres indígenas son monolingües, contra 9 de cada 100 hombres.

15.1 por ciento de esta población indígena no está afiliada a institución alguna de salud y la mitad de las mujeres indígenas no utilizaron método anticonceptivo en su primera relación sexual por desconocimiento.

El monolingüismo –apuntó la diputada del Sol Azteca- indica que se trata de indígenas que conservan un mayor apego a la cosmovisión y cultura tradicional y es población que está próxima a condiciones desfavorables de marginación en términos de acceso a recursos, educación, salud y justicia.

El monolingüismo y la falta de traductores en las instituciones reproduce así uno de los grandes problemas del país: la discriminación en agravio de pueblos y comunidades indígenas.

“En este sentido, se requiere que las dependencias gubernamentales cuenten con traductores que aseguren la inclusión de los pueblos indígenas a los programas sociales y de desarrollo, garantizando así que no se vulneren sus derechos humanos”, destacó la parlamentaria.