Por: Redacción
El senador Mario Delgado Carrillo aseguró que la llamada #LeyGolpista lo que en realidad busca es poner orden de manera urgente a las protestas que se están llevando a cabo en todo el país por el gasolinazo.
De igual forma, informó que es inconstitucional. Ya que, si bien el Congreso cuenta con atribuciones para legislar sobre Seguridad Nacional, la Constitución no dice nada sobre la Seguridad Interior, mientras que en el artículo 89 en su fracción VIª menciona que ésta es competencia del Ejecutivo.
Asimismo, advirtió que tanto la iniciativa impulsada por el senador Roberto Gil Zuarth como la presentada por los diputados César Camacho y Martha Tamayo en materia de seguridad interna, lo que pretenden es legitimar la intervención de los militares en tareas que corresponden a autoridades civiles, empoderar al Presidente y a las Fuerzas Armadas, así como debilitar los contrapesos legislativos y judiciales.
En este contexto, dijo que el papel de los legisladores debe ser muy distinto: debe ser informado, activo y crítico.
“El Congreso no puede ignorar las alertas de la comunidad internacional, si se va a aprobar esta Ley, primero se debe mostrar evidencia empírica que pruebe que en el contexto actual del país, la actuación militar es la opción más viable para la prevención, investigación y sanción de delitos”, subrayó Delgado Carrillo.
Bajo esta lógica, recordó que diversos estudios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado que desde 2009 la historia muestra que la participación de militares en seguridad interior ha traído mayores violaciones a derechos humanos.
Para finalizar, el senador Mario Delgado subrayó que el Congreso no puede pretender militarizar la seguridad pública, ya que la Constitución claramente establece que las instituciones encargadas de dicha tarea deben ser de orden civil.
También, dijoque las iniciativas que el Congreso pretende aprobar, constituyen unauna simulación de regulación, que iniciativas de Ley serias y responsables.
“La seguridad interna es un tema de importancia mayúscula y por tanto exige una deliberación más seria y, sobre todo, más pública”, concluyó.
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