Por: Oswaldo Rojas
A más de un año de los sucesos sucedidos en Iguala, Guerrero, donde 43 jóvenes fueron desaparecidos por integrantes del crimen organizado la Procuraduría General de la República (PGR) abrió un expediente de investigación contra Emilio Álvarez Icaza , secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el supuesto fraude de dos millones de dólares cometido por los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Publica y la Justicia Penal, Jose Antonio Ortega Sanchez, fue el encargado de abrir el caso basado en el hecho de los números viajes que varios expertos han realizado cuando por contratación deberán permanecer en el país.
A esto sumó que “no estaban entrando con objetividad y que estaban mintiendo como cuando presentaron las fotos satelitales y decían que con esas fotos se acreditaba que no sucedió un incendio. Cuando lo que acreditaban esas fotos es que ese día había estado nublado y no se podía afirmar o negar el incendio. Por esa razón comencé a investigar al grupo de expertos”.
Tras salir de una de las instalaciones de la PGR, Jose Antonio Ortega afirmó que parte de sus sospechas hacia el Grupo se basan en diversos momentos de las carreras de los mismos, como en el que la integrante del GIEI María Angela Buitrago acusó al coronel colombiano Luis Alfonso Plazas Vega de desaparición forzada, y para encontrarlo culpable falseo al testigo. Vega paso ocho años y medio en prisión hasta que se encontró que las pruebas utilizadas en su contra fueron alteradas.
“Por eso comencé a pensar que el Grupo de Expertos no tenían la calidad ética que ofreció Mario Álvarez Icaza cuando firmo el convenio con el gobierno mexicano. Se engaña a los contribuyentes y al gobierno federal, pues el dinero entregado para cubrir los gastos del GIEI proviene de nuestras contribuciones vía impuestos”, afirmó.
La próxima semana Ortega ratificara la acusación para proseguir con las investigaciones pertinente.
Sobre los demás miembros del GIEI
La guatemalteca Claudia Paz y Paz protegió, siendo fiscal, al ex presidente de Guatemala Otto Pérez Colina acusado de fraude.
El chileno Francisco Cox ya bajo contrato en México viajó a Uganda para trabajar, país en el que no cobró sus servicios.
Carlos Beristain, español formó parte de un fraude de 9.5 millones en contra de la empresa petrolera Chevron.
Procedente de Colombia Alejandro Valencia Villa ha sido criticado al decir que los actos de guerrilla contra la población no son actos terroristas.
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