La hermana Consuelo Morales Elizondo, ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos, afirmó que las consecuencias humanas de la indiferencia gubernamental y social que por muchos años prevaleció, son inconmensurables. Hablamos de miles de familias degradadas por la violencia, algunas de ellas nos acompañan esta tarde y las nombraré para recordar esos rostros concretos que dan sentido y horizonte a nuestra labor.
Durante el acto en el cual el presidente Enrique Peña Nieto le hizo entrega del reconocimiento a su labor humanitario sostuvo habló de casos de “padres, hermanos e hijos que conforman el Grupo Amores, a quienes sus seres queridos les fueron arrebatados por la violencia”.
Amores es un grupo, en su mayoría, de familiares de personas desaparecidas que viven cotidianamente la incertidumbre y la zozobra que esa atroz práctica genera en las familias, pero cuya lucha descansa siempre en un: Te seguiré buscando.
A las y los familiares que no pudieron acompañarnos, les llevamos en nuestros corazones.
Por ejemplo, madres como Eva Luján, que no pudo venir por cuestiones de salud, y que desde 2011, clama justicia ante la ejecución extrajudicial de su hijo Gustavo, que mencionaré más tarde.
Familiares como Doris y su esposo Julio, quien presenció el momento en que miembros de la delincuencia organizada se llevaron de su propio negocio a su hijo Daniel, sin que hasta hoy hayan vuelto a saber de él.
O madres, como Luz María, quien desde el momento inmediato en que los policías desaparecieron a su hijo y sus cuatro compañeros, les han venido buscando desesperadamente.
La firme interpelación de las víctimas, como las que he nombrado, y la horrorosa escala de las desapariciones a las que me he referido, aparentemente han terminado por ser inocultables. Aunque en la realidad, esto no ha significado un cambio favorable en sus vidas. Las familias sobreviven buscando, y siguen en la soledad,
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fecha reciente han confirmado con precisión este diagnóstico, reiterando algo que los mexicanos hemos sabido por años: México vive una crisis profunda de violaciones a derechos humanos. Esta situación debe reconocerse sin regateo.
Como defensoras y defensores, nuestra tarea también implica atesorar la esperanza. Cómo se puede revertir el panorama desolador que, con oscuros nubarrones, parece a veces irremediable.
En CADHAC consideración que caminando con las víctimas y dialogando con las autoridades, existen cuatro claves que comparto con ustedes. Aunque nos falta mucho camino por recorrer, estas cuatro pautas nos han ayudado a dar algunos pasos al lado de las víctimas en estas horas de oscuridad.
Primero. No criminalización de las víctimas. Hemos visto llegar a cientos de familiares de personas desaparecidas a nuestra oficina en busca de verdad y justicia.
Es impresionante la valentía con las que buscan, a pesar de los prejuicios de las autoridades, de la sociedad y de los propios familiares, quienes típicamente dicen: seguramente andaban en malos pasos; o culpan a las madres por haberles maleducado.
Es por eso, que hoy más que nunca resulta imperativo que el principio de presunción de inocencia se traduzca en una realidad cotidiana. Nadie está en el lugar equivocado, y no existe justificación para que alguna persona sea desparecida.
Segundo. Solos, solas, no podemos.
Es necesario reconocer con humildad que el problema es inmenso, y que solos; familiares, organizaciones de la sociedad civil o autoridades, no lo pueden lograr. Se necesita de un esfuerzo conjunto.
Por ello, debemos iniciar un ejercicio de reconocimiento de las responsabilidades y capacidades, para que los tres actores aporten lo mejor de sí.
Con muchas dificultades tanto familiares, autoridades como nosotras, organización civil, hemos logrado asumir y controlar nuestros propios prejuicios, abriendo canales de diálogo y respeto.
Esto nos lleva a lo que, desde nuestra perspectiva, es la columna vertebral de todo sistema o política para la atención de víctimas: entender y respetar el lugar central que ellas tienen.
Desde junio de 2011, mes a mes, son las propias familias de los desaparecidos del Grupo Amores quienes se sientan a revisar con los funcionarios de la Procuraduría estatal, sus expedientes. Ellas son las que han logrado revertir el trato impasible de las autoridades frente al drama de las desapariciones.
Lamentablemente, la indiferencia sigue siendo la cara de muchas de las instituciones públicas en el estado de Nuevo León y del país entero. Debemos entender que sin este cambio de concepción, nada puede hacerse.
Número tres. Recursos legales y materiales.
Al acompañar a las familias nos hemos dado cuenta de la extrema vulnerabilidad emocional, económica y social que trae como consecuencia la desaparición de un ser querido.
Por ello, resulta imperativo trabajar en leyes que nivelen esa situación y que abonen a menguar las dificultades a las que se encuentran día con día las víctimas que exigen sus derechos.
En Nuevo León, CADHAC y el Grupo Amores logramos la tipificación de la desaparición forzada en el Código Penal del estado. A nivel Federal, seguimos esperando la prometida ley para prevenir, sancionar y sancionar la desaparición forzada.
Una ley que para ser eficaz, deberá retomar los aportes que las familias se han propuesto, bajo la consigna: Sin las familias, no; una ley que no sea letra muerta, sino que tenga impacto en la práctica.
Por otro lado, es indispensable asignar recursos económicos y humanos para las técnicas de búsqueda que utiliza el Estado. Debemos contar con laboratorios y personal competente para que se obtengan perfiles genéticos confiables, que permitan identificar las partículas de restos que se encuentran en nuestro estado y en todo el país.
En este sentido, lamentamos profundamente la disminución del Presupuesto Federal destinado para la investigación y búsqueda en casos de desaparición.
En Nuevo León, hemos logrado impactar en cambios en el diseño institucional de la Procuraduría, lo que nos ha permitido que de mil 327 personas reportadas como desaparecidas, 152 hayan sido localizadas; de éstas, 67 vivas y 85 mediante perfiles genéticos.
Se han consignado a 63 presuntos responsables, de los cuales, 17 han sido sentenciados, y entre ellos, algunos eran policías.
Entre otros aportes, podemos destacar, también, el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas, lo que se concretó en marzo de 2014, en el Grupo Especial de Búsqueda Inmediata, el GEBI; que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año.
Estos pequeños avances en la asignación de recursos legales y materiales, muestra que hay cambios urgentes que deben realizarse en el terreno de la procuración de la justicia, frente a la crisis de las desapariciones.
No realizar estos cambios en todo el país, seguirá generando afectaciones de las familias, como lo vemos hoy en Tetelcingo, Morelos.
Cuarto. La justicia y el apoyo internacional son centrales.
Una clave esencial, por más cambios que se realizaron en nuestro marco legal o en el trato a las víctimas; si no hay justicia y verdad, faltará lo más relevante.
Urgen medidas extraordinarias para que haya justicia y verdad plena frente a los casos de graves violaciones de derechos humanos.
Seguimos arrastrando casos como el de la ejecución extrajudicial de Gustavo Acosta, en septiembre de 2011, quien fue asesinado por un disparo en la frente dejándolo sin vida en su propia casa, acusado posteriormente, de manera infundada, como criminal.
Casos como el de Armando del Bosque, en Anáhuac, quien en 2013, luego de denunciar amenazas recibidas por parte de la delincuencia organizada, fue detenido por Fuerzas Federales y, posteriormente, encontrado sin vida.
Si bien hay evidencia de la participación de actores del Estado, en ninguno de estos casos, en estos dos casos, ni en muchos más, han llevado a los responsables a la justicia.
Casos de impunidad como éstos que cuentan hoy, se cuentan por miles en el país.
Viene a mi mente, también, el caso de la Mina de Pasta de Conchos, en donde aunque los familiares saben dónde están sus seres queridos, no pueden tenerlos consigo por falta de la diligencia y justicia del Estado.
Existe una urgentísima necesidad de erradicar la impunidad, ya que de lo contrario, nuestros esfuerzos serán en vano.
Se requieren cambios profundos en la estructura de las Procuradurías. Es en nuestros Ministerios Públicos en donde existen los nudos más gruesos de impunidad.
En este punto, es menester decir que el apoyo internacional es vital. El trabajo que hemos impulsado en Nuevo León, se ha visto cobijado por la presencia y asesoría constante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y por otros expertos internacionales.
Por otro lado, las visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el trabajo que realizan sus expertos, han sido vitales para avanzar en el camino de la justicia.
Hay que decirlo claramente; la crisis mexicana no se generó por un exceso de apertura a la supervisión externa. Más bien, es una realidad tangible, ocasionada por causas estructurales, y así debe ser reconocida.
Es inaceptable que desde el Estado se ataque, malinterprete o minimice a esos actores que vienen a ayudar, en un esfuerzo que requiere del concurso de todos y de todas.
Como dijo el Alto Comisionado: hay que atender el mensaje, sin matar al mensajero.
Estas cuatro claves que me he permitido compartir con ustedes, han contribuido a que en el estado de Nuevo León podamos dar pequeños pasos, pero firmes.
Sobre estas claves, podría afianzarse una política de Estado que empezará a revertir la crisis de los derechos humanos que hoy vivimos.
Por ello, no puedo dejar pasar la ocasión para hablarle a su corazón, señor Presidente, para pedirle que se deje tocar por el dolor de tantas familias afectadas a causa de la violencia. No sólo a él, sino a ustedes también.
Para instarle a que impulse en esta segunda mitad de su sexenio, una agenda centrada en estas cuatro claves.
Con respeto y humildad, me atrevo a decirle que su legado se juega también en esta agenda. Hemos visto que ningún plan de reformas económicas puede prosperar si no está basado en un fortalecimiento del Estado de Derecho, que ponga en el centro los derechos humanos.
Rezo a mi Dios, que es el Dios del amor, para que lo guie en esta tarea. Y no es sordo, Dios. Me va a escuchar. Me escucha.
Quisiera concluir, invocando la presencia, las palabras y el testimonio de un mexicano que no fue honrado con este premio, pero que sin duda tiene el reconocimiento más alto de muchos y muchas de los que hoy trabajamos por los derechos humanos en México. Me refiero al Tatic Samuel Ruiz, quien entendió que el objetivo de la humanidad se orienta hacia la dignidad y felicidad, expresadas hoy, mediante el respeto de los derechos humanos.
En horas especialmente difíciles, pero también de gracias, Tatic Samuel, inspiración señera para quienes desde una fe tolerante y respetuosa abrazamos la causa de la justicia, escribió: haciendo el esfuerzo de interiorizar en nuestro corazón, el sufrimiento o la angustia del otro, estaremos en mayor disponibilidad para comprender, saber escuchar y cambiar nuestro corazón.
En esto radica la esperanza, que se fortalece día a día, como lo muestran los familiares del Grupo Amores cuando, a pesar de tener sus corazones destrozados, se unen y se ponen de pie en la búsqueda de sus seres amados, interiorizando como propias las vivencias de sus semejantes.
Hoy, la compleja situación del país nos llama a cambiar el corazón, como lo sugería don Samuel.
Iniciemos ese camino, interiorizando en nosotros el sufrimiento y la angustia de tantos otros y otras que sueñan con que el mañana traiga consigo paz, justicia y dignidad a nuestra casa común.
Un mañana en el que un sol despeinado y dulce, claro y amarillo, como fue el que abrazó a Alfonso Reyes, en Monterrey, vuelva a brillar en toda nuestra Patria.
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