Por: Redacción

Las naciones deberán destinar, en promedio, 60 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), a partir de 2030, de no cumplirse las estrategias y compromisos definidos por los países en sus Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel Nacional (INDC, por sus siglas en inglés), en materia de mitigación y adaptación asumidas en la COP21 de París, para afrontar los desafíos ocasionados por el cambio climático.

El panorama adverso representaría, prácticamente, la quiebra económica de muchos países; los costos son incalculables, porque sobrepasaría la capacidad financiera para responder a las posibles catástrofes materiales y el desastre humanitario que pudiera presentarse como resultado del cambio climático.

El ambiente sería de incertidumbre en todos los ámbitos, porque se desconocen los posibles efectos reales, la magnitud, ocurrencia y los principales sitios que serían afectados, entre otros elementos.

La doctora Fabiola S. Sosa Rodríguez, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), señaló que México es uno de los países considerados más vulnerables; se proyecta que 71 por ciento del PIB se vea comprometido y más de la tercera parte del territorio pudiera ser afectado.

De hecho ya se manifiesta un proceso importante de desertificación de la zona norte hacia el sur, con lo que se pone en riesgo el futuro del sistema agrícola e industrial de los sectores que demandan un intensivo uso de agua para su operación, además de estar en riesgo la sostenibilidad de las ciudades.

En el inicio del ciclo de conferencias del Sexto Congreso Nacional de investigación en Cambio Climático –efectuado en la Unidad Azcapotzalco– la académica del grupo de investigación de Crecimiento Económico y Medio Ambiente dijo que el planeta en su conjunto presenta un calentamiento más acelerado del proyectado.

Las manifestaciones son variaciones en el clima, eventos hidrometeorológicos extremos frecuentes y más intensos, pérdidas humanas, económicas y materiales, como trasformaciones en los sistemas productivos y fenómenos de migraciones por el sumergimiento de islas, producto de la elevación de los niveles del mar y los océanos, ejemplo, Kiribati, ubicada en la zona central oeste del Océano Pacífico.

La docente del Departamento de Economía de la Unidad Azcapotzalco indicó que si los gases de efecto invernadero no se estabilizan para el 2100, el clima en el planeta se incrementará en 5.4°C con daños inimaginables.

Ante este peligro se acordó en la COP21 de París –a través de los compromisos determinadas en los INDC de 184 naciones– no superar los 2.0°C, buscando limitarlo a 1.5°C.

“Lamentablemente no se cumplirá el objetivo, porque los acuerdos de la COP21 son voluntarios, como tampoco se ha logrado la recaudación de 100 mil millones de dólares anuales hasta el 2020 para el financiamiento de acciones de adaptación y mitigación”, alertó.

Según los diversos modelos realizados por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, las proyecciones indican que la temperatura aumentará entre 2.9 a 3.1 grados centígrados al 2100, por lo que la meta es inalcanzable técnicamente y está en riesgo la supervivencia de la población.

La economista señaló la necesidad de replantear el modelo económico neoliberal, orientado a la búsqueda de las ganancias a ultranza, “que sólo ha dejado problemas ambientales severos y resulta incompatible para la supervivencia de la humanidad”.

No se puede seguir emitiendo esa cantidad de gases de efecto invernadero y emplear la actual cantidad de recursos naturales, sólo en mantener los niveles de producción y consumo de un modelo que además genera una distribución inequitativa de la riqueza y que pone en riesgo evitar un calentamiento superior a los dos grados centígrados.

La doctora Sosa Rodríguez manifestó que de los 184 países firmantes de la COP21, 32 por ciento planteó objetivos de reducción absoluta; dos por ciento especificó fechas en que esperaban alcanzar el máximo de sus emisiones: México para el 2026.

Setenta por ciento propuso estrategias para fomentar el uso de energías renovables en hasta 100 por ciento –México espera en 2024 que 35 por ciento de la electricidad sea generada por energías limpias, pero dentro del rubro de medidas condicionadas– y aproximadamente 70 por ciento definió metas condicionadas –mecanismo de mercado, acceso a financiamiento, transferencia de tecnología, cooperación técnica y fortalecimiento de las capacidades técnicas–.

México genera 1.62 por ciento del total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), ocupando el sitio 12 mundial. Planea reducir la intensidad de emisiones por unidades de PIB en 40 por ciento entre 2013-2030 y alcanzar tasa cero de desforestación para el 2030.

Entre las acciones destacan fortalecer las capacidades de adaptación en al menos 50 por ciento de los municipios más vulnerables del país; establecer sistemas de alerta temprana; gestionar los riesgos relacionados con el cambio climático en los tres órdenes de gobierno, y crear y fortalecer capacidades adaptativas: construcción y mejora de la infraestructura; el desarrollo de tecnologías limpias, modificación de cambios en los patrones de consumo de agua y energía y desarrollar y mejorar los instrumentos económicos, entre otros.