Por: Redacción
México se caracteriza por tener regiones inequitativas, por lo que el gran reto del federalismo para el siglo XXI será combatir la pobreza de la mitad de la población, señaló la doctora Ady Carrera Hernández, presidenta de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos A. C. (IGLOM).
De acuerdo con la experta en temas de federalismo y descentralización fiscal la Ciudad de México es cada vez menos competitiva, ya que en recientes evaluaciones se encontró que el estado del transporte e infraestructura para la provisión de servicios públicos es pésimo, además de que carece de políticas de sustentabilidad y de la facilidad para hacer negocios.
Carrera Hernández alertó que sumado a lo anterior en las zonas rurales la situación es más adversa puesto que se reportan altas tasas de informalidad laboral y según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) seis de cada 10 habitantes de esas comunidades se encuentran en situación de pobreza.
“Los gobiernos estatales han demostrado su baja capacidad de generar ingresos propios, puesto que diez entidades decidieron eliminar o subsidiar por completo la tenencia, aunque son los más endeudados y dependientes de los recursos federales”, aseveró.
A pesar de ello, dijo, los gobiernos estatales han sido los más beneficiados con la descentralización del gasto federal.
Organizado a propósito de la celebración del centenario del periódico El Universal, se llevó a cabo el sexto Foro del Seminario Federalismo Constitucional Mexicano. El federalismo visto desde las regiones, en conjunto con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en el que se reunieron políticos y expertos para debatir sobre el Estado y las perspectivas del funcionamiento político actual de México.
Durante la segunda mesa titulada El gobierno regional de cara a los desafíos del siglo XXI, los especialistas coincidieron con que debe otorgarse mayor fortaleza a los gobiernos municipales en aras de mejorar las condiciones de vida de la población y caminar hacia la construcción de un sistema federal sólido.
La charla –moderada por la doctora Gretchen González Parodi, académica del Departamento de Administración de la Unidad Azcapotzalco de la UAM– contó con la participación del doctor Enrique Cabrero Mendoza, director general del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (Conacyt), quien expuso que todo sistema federal debería componerse de una suficiente descentralización con una fuerte coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
El doctor Cabrero Mendoza refirió que ello se debe a la amplia heterogeneidad que presentan los municipios en el país. “No contamos con un municipio promedio, son muy diferentes entre sí. Esto dificulta establecer un mismo diseño institucional que funcione para todos”, advirtió en la Casa Rafael Galván, centro de difusión cultural de la UAM.
En algunos países se optó por reducirlos, como en Suecia que pasaron de dos mil ayuntamientos a tan sólo 200; sin embargo, una reestructuración de ese tipo para reducir el número de municipios mexicanos no resulta viable, además de que haría falta impulsar con mayor fuerza un sistema de cooperativismo.
El doctor Jorge Javier Romero Vadillo, profesor-investigador del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco, indicó que el federalismo es más una invención institucional que una realidad. “La historia de la primera mitad de la construcción del Estado mexicano revela tensiones entre la necesidad de construir un gobierno central y las fuerzas centrífugas de los poderes locales”, apuntó.
El control por los territorios provocó dicha lucha y el mecanismo utilizado para reducir aquella violencia fue la aceptación del control de rentas por parte de los poderes locales, aunque con un arbitraje centralizado en la figura del Presidente de la República, así es como el antiguo Estado porfiriano se redificó en el régimen priista.
Romero Vadillo puntualizó que a pesar de tener señalado un orden federal esas condiciones lo tornan ficticio, pues el federalismo ha estado “subordinado al poder central, pero su descomposición es evidente y comenzó en las regiones”.
En la década de los ochenta del siglo pasado, la demanda democrática comenzó en los Estados, añadió.
El doctor Raúl Mejía Garza, secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comentó que desde el ámbito normativo las competencias señaladas para los gobiernos estatales efectivamente se han modificado con el paso del tiempo para trasladarlas al gobierno federal por motivos comerciales.
“Se requería regular ciertas industrias por la federación, como fue el caso de los ferrocarriles”, recordó. Posteriormente, las Leyes Generales originadas para la administración pública de la educación y la Ley de Asentamientos Humanos fueron un intento de redistribuir competencias entre estados y municipios.
“No podemos hablar de federalismo mexicano, sino de federalismos, no sólo a nivel regional, cada competencia usa instrumentos distintos para distribuir y ejecutar un servicio público, por lo que cada sistema posee diversas formas de integrarse al poder central”, concluyó.
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