Por: Redacción

Especialistas en economía y legisladores afirmaron que México tiene perspectivas favorables de crecimiento si se generan las condiciones de seguridad, se elimina la corrupción y se realiza un gasto eficiente de los recursos.

El diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez (PRI), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, sostuvo que el país cuenta con 12 tratados de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos para la promoción recíproca de inversiones con 33 naciones y nueve convenios económicos y sociales en el marco de Asociación Latinoamericana de Integración.

Al continuar las mesas de análisis del foro “Economía mexicana: situación actual, retos y perspectivas”, el legislador recordó que el presupuesto presentado por el Ejecutivo para el 2017 propone un ajuste al gasto público del orden de 239 mil 700 millones de pesos.

Explicó que este recorte tiene el propósito de generar un superávit primario de las finanzas nacionales y, con ello, destinar mayores recursos para el pago de la deuda, la cual presenta síntomas preocupantes.

Puntualizó que para generar un mayor índice de crecimiento es necesario realizar una mayor evaluación y vinculación con la transparencia, ya que esto permitirá al país ser más competitivo.

El diputado Ricardo David García Portilla (PRI), secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, manifestó que el tratado de libre comercio ha sido impulsor de la economía nacional, pues México no es un productor de materias primas, sino manufacturero, por lo que consideró necesario impulsar la especialización del capital humano y destinar mayores recursos a la ciencia y tecnología, para aprovechar su papel en la economía.

El priista consideró que si el país no logra su pleno crecimiento es porque, si bien la edad promedio de las personas productivas es de 30 años, se tiene un analfabetismo del 6 por ciento y la escolaridad promedio de la población de nivel primaria.

Además, existe desigualdad social y los países no pueden crecer si existe este fenómeno, el cual sólo se puede revertir con educación; sin embargo, también estimó que se debe atender la seguridad y el costo de las pensiones.

Roberto Martínez Yllescas, director de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en México, subrayó que la integración del país a este grupo le permitió transcender en la macro estabilización y centrarse en los cambios estructurales necesarios y encontrar rutas de crecimiento, a través de un modelo sustentable, incluyente, innovador y cimentado en el Estado de derecho.

Afirmó que el nexo entre productividad e inclusión puede ganar terreno a la informalidad e incorporar más mujeres en el mercado laboral.

Destacó que entre los desafíos que tiene México, están: continuar con la reforma educativa, impulsar al sector salud, pues existe un importante umbral de oportunidad, y desarrollar estrategias que le permitan pasar de la competitividad manufacturera a la economía digital.

José Manuel Antonio Luna Calderón, director general para Europa y África de la Secretaría de Economía, apuntó que la cooperación económica internacional ha permitido al país adquirir un papel importante en temas de desarrollo social, inversión, educación, salud, prevención de desastres, ciencia y tecnología, infraestructura, medio ambiente y cambio climático.

Detalló que su participación en Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en el organismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y en la Alianza del Pacífico (AP) ha logrado que México consiga promover su inversión y comercio para generar empresas y apoyar instituciones financieras, a fin de elevar el desarrollo productivo y monetario.

Jorge Eduardo Navarrete López, embajador emérito e investigador del Programa de Estudios sobre el Desarrollo de la UNAM, señaló que la cooperación internacional se finca con recursos presupuestales, por lo que es una de las primeras víctimas de las acciones de austeridad.

Desatacó que el aumento de la desigualdad global y las brechas entre países pueden ser combatidos a través de la asistencia al desarrollo.

Aseguró que si los actuales países donantes aumentaran el 1 por ciento del PIB de su recaudación con el Impuesto al Patrimonio y se dedicara la mitad del ingreso adicional a financiar acciones de asistencia, se lograría terminar con este flagelo de la desigualdad que afecta a la sociedad mundial.

La Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM-Xochimilco, Abigail Rodríguez Nava, mencionó que el desarrollo económico del país se puede generar a través del seguimiento y evaluación de los programas de las políticas públicas, a fin de evitar la duplicidad de funciones.

Los objetivos de las reformas estructurales corresponden al crecimiento económico y de bienestar de la población, por lo que es necesario que se transite de una visión sectorizada hacia una integral.

Edmundo Sánchez Aguilar, consultor en Asuntos Económicos Internacionales, dijo que el problema de fondo del país no son los ingresos, sino la calidad del gasto y en qué medida éste crea actividad productiva, genera empleos, aumenta salarios y favorece la estabilidad en los precios.

Apuntó que la reducción del gasto es “una vacilada”, ya que si bien es cierto que se recortó el presupuesto, se hizo al gasto productivo, inversión, educación, salud e infraestructura, pero no así al gasto corriente, el cual creció 60 mil millones de pesos.

Aseguró que es mentira que exista una crisis cuando la recaudación fiscal del primer semestre creció en 377 mil millones de pesos (mdp) y en todo el año se incrementará a 548 mil mdp, arriba del presupuesto; por lo tanto, “al gobierno se le resbaló la caída del petróleo, porque puso otros cuatro impuestos más y terminó recaudando más. Esto lo hace ser ganón”.

José Luis de la Cruz Gallegos, presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la CONCAMIN, expuso que el país es una economía globalizada, pero con una función pública doméstica, por lo que se tiene un grave problema de eficacia en la ejecución del gasto.

Resaltó que del año 2001 al 2014 se obtuvieron ingresos excedentes por alrededor 2.2 billones de pesos, que no vinieron de por la parte petrolera, sino de los ingresos tributarios, los cuales generaron 1.6 billones de pesos.

Sostuvo que si se quiere competir con el mundo es necesario que el sector público que el gasto del sector público se ejerza adecuadamente y genere valor agregado. “Se les da más dinero, pero no lo saben gastar, lo cual es improductivo y no permite el desarrollo potencial de la nación”.

Juan Pardinas Carpizo, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), consideró que el mayor problema de la economía no es la evasión fiscal de la informalidad, sino la baja productividad de una persona que trabaja en este sector, pues es en promedio 40 por ciento menos lucrativa que una persona que lo hace en el sector formal.

Solicitó a los legisladores atender los niveles de corrupción, la seguridad pública y el derecho de tránsito, para que la inversión privada genere empleos formales, bien pagados y que esta actué como una salida a la pobreza y la improductividad.

Mencionó que la nómina con el Impuesto Sobre la Renta impide crear empresas, pues encarece el empleo formal.

El doctor Gerardo Esquivel Hernández, coordinador ejecutivo de Investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, resaltó que la austeridad a toda costa puede contribuir, si se hace mal, a un aumento en el endeudamiento público por la vía de las caídas en la tasa de crecimiento del producto, que es lo que ha ocurrido en diferentes momentos en otros países.

Reconoció que el aumento significativo del gasto en los últimos años ha sido muy ineficiente; entonces, “estamos en el peor de los mundos posibles”. Estimó que un aumento en el gasto público ha sido incapaz de generar crecimiento económico, simplemente porque la forma en la que se ejerció en los últimos años fue muy ineficaz, no va a los sectores, a los proyectos y a las regiones de mayor rentabilidad económica y social.

Expresó su preocupación debido a que en el proyecto de presupuesto se plantea una reducción del gasto, con un ajuste muy significativo a la baja en la inversión pública, ya que reducirla “en un país como el nuestro, con tantas carencias de infraestructura, en el que la inversión pública está en su nivel más bajo de los últimos 60 años como porcentaje del PIB, simplemente es afectar la capacidad de crecimiento presente y del corto, mediano y largo plazo”. Por ello, consideró importante pensar en el tipo de gasto que se va a hacer con el ajuste.