Por: Redacción

Representantes del Estado mexicano presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con la presencia de organizaciones de la sociedad civil, los retos y avances en materia de atención y prevención de desapariciones de niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, se informó que México trabaja en “una reforma social”, a través de la implementación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes(LGDNNA), la cual representa uno de los mayores avances en materia de protección y garantía de derechos humanos que ha realizado el país.

Al participar en el 157 periodo de Audiencias Públicas de la CIDH sobre desapariciones de niñas, niños y adolescentes, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Ricardo Bucio Mújica, quien encabezó la representación del Estado mexicano en esta audiencia, aseguró que para un Estado democrático redefinido desde los derechos humanos, toda desaparición de personas dentro del núcleo familiar es dolorosa, deja incompleto al país, y debe tener obligación de búsqueda, investigación, sanción y reparación del daño.

Bucio Mújica, junto con el Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, y la Procuradora Federal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Nelly Montealegre, indicó que el espíritu de la LGDNNA radica en la protección de este grupo poblacional contra toda forma de violencia que pueda afectar su desarrollo físico, mental, psicológico y social, sobre todo en casos de violaciones graves a sus derechos humanos, como en el tema de desaparición.

La delegación mexicana aseguró que la implementación de esta legislación ha avanzado en poco tiempo y con tanta extensión en México como ningún otro proceso de derechos humanos, pues hasta hoy todas las entidades de la República cuentan con su propia ley de protección de derechos, se han instalado 15 sistemas de protección integral estatales y 238 municipales, y se encuentran en funcionamiento 23 procuradurías de protección especial; es decir, una renovada estructura institucional y legal en favor de los derechos de 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en México.

A partir del reconocimiento de la problemática que enfrenta el Estado mexicano en materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la representación mexicana presentó ante los comisionados de la CIDH y las organizaciones de la sociedad civil, compromisos para fortalecer la política nacional de derechos.

Estos compromisos son los siguientes: generar una mesa de colaboración intergubernamental en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) sobre el tema de protección y de desapariciones; fortalecer la iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de desaparición de personas en conjunto con el Poder Legislativo, estableciendo un apartado específico sobre casos de niñas, niños y adolescentes.

Continuar con el desarrollo del Registro Nacional de Centros de Asistencia Social; revisar y mejorar la funcionalidad de la Alerta Amber; y crea un grupo de trabajo interinstitucional con las autoridades responsables de investigación y búsqueda para analizar y resolver casos específicos de desaparición de niñas, niños y adolescentes, en el seno del Sistema Nacional de Protección Integral.

La representación mexicana indicó que enviará a la CIDH un reporte periódico sobre los avances a estos compromisos, para su conocimiento y comentarios e invitó a la relatora de infancia de dicha Comisión, Esmeralda Arosemena de Troitiño, a dar seguimiento puntual a los compromisos establecidos.