• Más de 90% de los casi tres mil órganos estatales y municipales opera con números rojos, por la falta de pago.

Por: Redacción/

México necesita una política hídrica renovada para implementar una nueva lógica transversal del bien común que no trastoque las acciones de organismos estatales y municipales, coincidieron especialistas en el Seminario Perspectivas universitarias: agua, ciencia y tecnología, organizado por las universidades Autónoma Metropolitana (UAM) y de Guanajuato (UG).

La doctora Abigail Martínez Mendoza, académica de la Unidad Lerma de la Casa abierta al tiempo señaló que es esencial ver al recurso como un elemento que beneficia o perjudica del mismo modo a todos y todas, lo cual hace que sea un tema transversal no sólo en el ámbito educativo, sino para todos los espacios de la vida cotidiana.

Por tanto, “implica implementar nuevas estrategias de la cultura hídrica para que no se quede como un elemento de educación formal, sino que pase a la vida cotidiana como una visión global de una política renovada que no se reduzca a un marco legal –necesario evidentemente– sino que vaya de manera conjunta”, indicó al participar en la Mesa Gestión, planeación e impacto.

La académica del Departamento de Procesos Sociales citó que, de acuerdo con el último conteo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el país hay dos mil 826 organismos operadores de agua, tanto del sector paraestatal como privados, de los cuales entre 90 y 95 por ciento están trabajando en números rojos debido a la falta de pago de servicios y prestaciones que se ofrecen a 85 millones de habitantes.

“Estos entes, como los Consejos de Participación Ciudadana (COPACI), siempre van a tener tensiones porque tienen espacios diferentes, lo cual no significa que su gestión no pueda tener lugar, sino que cada uno tiene alcances y limitaciones para el ejercicio de la gestión del líquido, como en el caso de Lerma donde operan el Organismo Público Descentralizado de Agua Potable (OPDAPAS), el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y el Consejo de Participación Ciudadana (COPACI)”.

La doctora Alejandra Toscana Aparicio, docente del Departamento de Política y Cultura de la Unidad Xochimilco de la UAM, afirmó que esta problemática también debe abordarse desde un enfoque socioambiental amplio, dado que los cuerpos de la capital del país y área metropolitana están destruidos o convertidos en basureros y receptores de drenaje, lo que ha llevado a la extracción intensa subterránea que conlleva inundaciones y hundimientos.

“Los suelos de la cuenca tienen gran capacidad para absorber el líquido, pero están privados de esta capacidad porque está cambiada toda la cobertura vegetal por asfalto. Entonces, es importante restaurar los ecosistemas para que el proceso natural permita que se filtre y nutra de nuevo el acuífero”.

Además, resulta fundamental aumentar el tratamiento del recurso, pues “no puede ser que sigamos con esta lógica de sacarlo cada vez de pozos más profundos y con minerales pesados o traerlo de cuencas vecinas donde también se están generando daños ambientales terribles para después revolver todo y expulsarlo”.

La especialista explicó que a nivel personal pueden desarrollarse prácticas de no desperdicio, aunque de nada sirven si existe la limitante de que al final todas las aguas se juntan para irse al caño, situación que exige disponer de políticas públicas más sólidas con visión a futuro y no sólo una perspectiva de solucionar el problema ahora, sino pensar en el futuro, refirió.

El doctor Daniel Tagle Zamora, profesor de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, advirtió que la apertura a la inversión extranjera directa en esa entidad ha atraído –en la última década– mano de obra calificada que demanda mayores servicios.

“Este proceso ha venido a generar una presión muy fuerte debido a la tasa demográfica, pues tan sólo en la ciudad de León desde el año 2000 se están registrando entre 20 y 25 mil nacimientos anuales, entonces esa población que se va sumando va requiriendo esos servicios públicos que van a presionar aún más al acuífero”.

Por tanto, es necesaria la educación en torno a este tema para fomentar cambios de prácticas en toda la sociedad, desde las autoridades que siguen fomentando megaproyectos y las empresas, pues frente a las cuotas tan elevadas se está registrando el fenómeno del mercado irregular del agua potable.

“Pipas irregulares que trabajan de noche para no ser vistas tienen entre sus compradores principales a hoteles y aunque no se conoce su procedencia, el organismo responsable tiene la capacidad para saberlo”.

La maestra Josefina Ortiz Medel, integrante de la Asociación Mexicana Hidráulica y secretaria académica de la División de Ingenierías del campus Guanajuato, reconoció que una problemática importante en el ámbito educativo es que el tema no se ha transversalizado no sólo a nivel superior sino desde la educación básica.

Ortiz Medel reconoció que si bien se hacen campañas y esfuerzos no hay una continuidad para generar conciencia en los diferentes niveles sobre la responsabilidad que cada uno tiene sobre el uso y aprovechamiento del líquido.

“La planeación y la gestión de los recursos hídricos en México debe ser un proceso incremental y adaptativo, de tal manera que tenga un impacto positivo no sólo en las políticas públicas en materia de aguas, sino también en la sociedad y el medio ambiente”, concluyó el doctor Raúl Hernández Mar, académico del Departamento de Procesos Sociales de la Unidad Lerma de la UAM, quien fungió como moderador de la mesa de discusión.