Por: Redacción/

En el periodo 2008-2018, la política pública aplicada en México no logró reducir la pobreza en la población de 65 años o más, lo que significa que uno de cada tres personas de esa edad en el país se encuentra en una posición de inopia moderada, señaló la doctora Rosario Cárdenas Elizalde, profesora de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Al revisar “la tendencia de la intensidad de este fenómeno”, se observa que en 2014 aumentó en forma leve respecto de 2008 y que entre 2016 y 2018 la proporción de gente de este grupo de edad en privación moderada o extrema no cambió en esencia.

La investigadora del Departamento de Atención a la Salud participó en el Conversatorio en línea Víctimas silenciadas: violencia hacia las personas mayores, organizado en conjunto por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Consejo Nacional de Población (Conapo).

Con la promulgación de la Ley General de Desarrollo Social, en 2004, se dio un paso muy importante e inició una medición multidimensional de la pobreza, mientras que en la Agenda 2030, la aplicacion de una perspectiva multidimensional coadyuvará a que nadie quede atrás en el mejoramiento de las condiciones de vida, así como a reducir las desigualdades entre y al interior de los países.

Esa norma mandata al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) a medir la pobreza en cuanto al bienestar económico y en derechos sociales: rezago educativo; carencia de servicios de salud; acceso a la calidad, espacios y servicios básicos de vivienda, seguridad social y alimentación.

Mejorar la vida de mexicanos con 65 años o más requiere también de acciones en favor de las generaciones más jóvenes, empezando por plantear que el incumplimiento de las garantías coloca a los adultos mayores en contextos de vulnerabilidad y víctimas, por no poder ejercerlas y encontrar obstáculos en la satisfacción de las mismas, incluidas aquellas de índole social.

La también presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de la Población detalló que aparte de las carencias, existe rezago educativo, el cual se mide mediante los estándares comprometidos por el gobierno mexicano y es el más significativo para quienes concluyeron la escolaridad obligatoria.

Tampoco ejercició el derecho a educarse y poseer una escolaridad formal y, según las evaluaciones de Coneval, en 2018 una de cada diez personas de 65 años o más carecía de los servicios de salud.

Aun cuando ha habido mejoras en algunos indicadores “encontramos que uno de cada dos individuos de 65 años o más tiene un ingreso inferior a la línea de pobreza por percepciones y que uno de cada cinco gana menos del correspondiente a la estrechez extrema, lo que muestra que se encuentra en un entorno económico de gran desventaja”.

De acuerdo con uno de los parámetros complementarios del Consejo, hace dos años 60 por ciento del referido sector poblacional no ha cotizado al sistema de seguridad social, es decir, no ha participado en el régimen de pensiones contributivas y 40 por ciento se encuentra en situación de escasez.

El análisis por entidad federativa indica que aun en los estados con los rangos socioeconómicos promedio más favorables –Ciudad de México y Nuevo León– uno de cada cinco sujetos del mismo grupo está en el contexto de necesidad, pero es más grave en Chiapas, Guerrero o Oaxaca, donde al menos dos de cada tres viven en esas circunstancias.

El Coneval reportó para el mismo año 2018 en Puebla que uno de cada diez sufre pobreza extrema; en Veracruz uno de cada seis, y en Guerrero y Oaxaca uno de cada cinco.

“El país muestra una imagen de amplia heterogeneidad respecto de este fenómeno; el alarmante entorno nacional se ve agravado para el caso de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz, donde la mayoría de este grupo de individuos se encuentra en ese escenario”, aseveró la doctora Cárdenas Elizalde.

En 2108, 4.3 millones de adultos mayores se situaban en dicha condición, “lo que constituye el desafío que estamos enfrentando”, anotó la docente de la Unidad Xochimilco de la Casa abierta al tiempo.

En la actividad virtual también participaron investigadoras de otras universidades, organizaciones civiles e instituciones públicas.