Por: Redacción/

El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, afirmó que el pueblo mexicano está preparado para la democracia. “Estamos llegando a un punto de madurez que nos podemos dar el lujo de hacer una reforma electoral definitiva con el consenso de todos”.

Refirió que en las últimas elecciones de 2018 hubo pocas impugnaciones y en las de 2019, son “increíblemente escasas las denuncias”. Precisó que se recibieron 72, de las cuales más de la mitad estaban fundadas en hechos falsos, lo cual significa una gran responsabilidad para los representantes de los partidos.

Durante la mesa de análisis “Elecciones y autoridades”, de los foros de Parlamento Abierto de la Reforma del Estado y Electoral, Ortiz Pinchetti señaló que los resultados son propios de un sistema maduro en lo político, “nadie se puede alzar para reclamar una victoria ni tampoco para lamentar una derrota”.

Enfatizó que la participación fue escasa, pero los ciudadanos acudieron a las urnas con una sensación de seguridad, incluso, en comarcas donde sabemos que hay crimen organizado y que a veces interviene en las elecciones; “fueron elecciones tranquilas y en paz, muy distintas de las elecciones mexicanas típicas”.

Consideró que, si las características de juego limpio se repiten en 2021, cuando habrá elección general, “podríamos estar felicitándonos unos y otros, la gente de los partidos y los opinadores y aquellos que somos en alguna forma árbitros de que la democracia, finalmente, está echando raíces en México”.

El coordinador del Grupo de Trabajo para la Reforma del Estado y Electoral, diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena), resaltó que estos foros permitirán construir una propuesta más abierta y nutrida de lo que se necesita en materia electoral, y afirmó que la iniciativa argumenta que el grado de federalismo que actualmente tienen los Organismo Público Local Electoral (OPLE) es muy reducido, pues el esquema o diseño es centralista.

Mencionó que una manera de defender el federalismo sería conservando las leyes electorales locales que representan la identidad de cada estado y que el órgano que la aplique, no necesariamente incida en ese federalismo, “porque al ciudadano le resulta irrelevante cuál es el órgano que aplica esa ley, siempre y cuando éste recoja su identidad que es en la forma en la que el ciudadano se ve reflejado como entidad local o regional”.

Por el PES, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz mencionó que el grupo de trabajo busca hacer un diagnóstico y generar una construcción de acuerdos y consensos para eventualmente avalar la Reforma del Estado y Electoral, y con ello darle al país las reglas del juego democrático que requiere la sociedad.

El diputado de Morena, Alejandro Viedma Velázquez resaltó que es la primera ocasión que se hace un ejercicio de esta naturaleza para construir una nueva reforma electoral, a través del mecanismo de parlamento abierto.

La diputada Claudia Pastor Badilla (PRI) puntualizó que toda legislación es perfectible y la realidad presentará nuevos retos que se deben resolver. “Hay áreas importantes a analizar, como son las designaciones en las áreas administrativas, las herramientas tecnológicas que pueden ayudar a abaratar o no los costos y arreglar el procedimiento sancionador”.

Alejandro Viedma Velázquez, diputado de Morena, argumentó que, por el carácter tan dinámico de las elecciones del país, “nunca se podrá hablar de una reforma definitiva”. Cuestionó si es necesaria una reglamentación sobre los límites a los legisladores para asistir a actos proselitistas.

Por Morena, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río sostuvo que en materia electoral, la ley y su cumplimiento no deberían ser particularmente específicos a ningún estado. Externó su inquietud sobre la legislación en materia de medios y redes social en el rubro electoral, “porque legislar en este tema sería muy complejo”, y afirmó que si desaparecen los OPLE no le pasará nada al país.

En representación del PAN, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván dijo que los partidos políticos son responsables de cómo la sociedad persigue al poder público y la baja participación en los procesos electorales, por lo que propuso fortalecer el federalismo.

La diputada priista, Mariana Rodríguez Mier y Terán recordó que el costo de la democracia se ha centrado en la falta de confianza que tiene la ciudadanía en las instituciones, por lo que pensar que esta percepción cambiará sólo porque otro partido está en el gobierno es un error, de ahí la importancia de analizar si en dado caso que se decidiera modificar el método para elegir a los consejeros que fungen en los OPLE ¿qué sucedería?

El director jurídico del Instituto Nacional Electoral (INE), Gabriel Mendoza Elvira, resaltó que en esta discusión se deben analizar las debilidades que hay en el ámbito sancionador y tener la claridad sobre cuál es el objetivo de la reforma.

“Hoy parece haber consenso respecto a que las elecciones sean más económicas, en un contexto de austeridad, lo cual no está divorciado con la fortaleza institucional”, reiteró.

Detalló que otro aspecto a tratar es la equidad en la contienda, la libertad en el ejercicio del sufragio y la propaganda electoral que se difunde en redes sociales.

Argumentó que para garantizar imparcialidad, objetividad e independencia en la toma de decisiones, la fiscalía que persigue los delitos electorales debe ser dotada de independencia orgánica, profesionalización y de los intereses políticos y partidarios.

La presidenta de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gabriela Villafuerte Coello argumentó que cada que terminan los procesos electorales, inmediatamente, se habla de reformas del Estado, lo cual es fundamental porque es necesario reforzar a las instituciones, procedimientos jurisdiccionales y administrativos con el propósito de mejorarse.

Enfatizó que en esta discusión se debe tomar en cuenta el tema del artículo 134 párrafo VII y VIII de la Constitución para garantizar que exista una sana contienda electoral.

Por su parte, Carlos Alberto Ferrer Silva, director de Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, mencionó que la democracia requiere de reglas claras, oportunamente establecidas y acordes con el orden jurídico, con el propósito de lograr elecciones libres, auténticas y con respeto irrestricto a los derechos humanos; sin embargo, añadió que para que esto suceda, es preciso que las autoridades en la materia sean imparciales, independientes y especializadas.

Advirtió que puede haber una sobrerregulación normativa en la materia, por lo que se debe fundamentar, simplificar e implementar sistemas electrónicos de votación, tratándose de la recepción y emisión del voto, lo cual se traduciría en reducción de costos y otorgaría la certeza y la obtención de resultados de forma eficaz y ágil.

La directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Zuleyma Huidobro González, afirmó que pese a que las sanciones en materia administrativa, los hechos de corrupción y patrimonial del Estado para los funcionarios públicos están regulados, falta mucho por hacer, por ello, urge establecer reglas claras; además, agregó, para terminar con la simulación hay que poner mayor énfasis en los actos realizados por los legisladores del Congreso de la Unión.

“Si el objetivo de estos foros es concretar una reforma electoral integral, no se debe dejar pasar la oportunidad de legislar en las sanciones claras en la materia para los servidores, impuestas exclusivamente por la autoridad jurisdiccional, señalando quién será la autoridad responsable para que se ejecuten y evitar el encubrimiento”, subrayó.

El consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ramón Hernández Reyes, propuso hacer replanteamientos en materia de organización, ahorro y recursal. Pidió modificar las atribuciones en materia de fiscalización para que los órganos coadyuven en esto; crear instancias electorales permanentes; regular los criterios de mecanismos de participación ciudadana y de derechos de grupos originarios o indígenas. En materia de ahorro, opinó replantear el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias.

Hernández Reyes planteó reducir el periodo de la preparación de las elecciones de un año a siete meses; revisar la integración de los órganos administrativos y jurisdiccionales para que pasen, en el caso federal de 11 a siete, en el jurisdiccional de siete a cinco y en electorales locales administrativos, de siete a cinco.

Asimismo, reducir la integración de las diputaciones de mayoría relativa de 300 a 250, plurinominales de 200 a 125 y de primera minoría a 125 como en el Senado. Para evitar gastos de elecciones extraordinarias en caso de nulidad, quien ocupe el segundo lugar, pase al primero y con ello evitar elecciones extraordinarias. Sobre el presupuesto, propuso un parámetro mínimo en procesos electorales y otro mínimo fuera de procesos.

Jaime Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, sostuvo que existe una crisis en el sistema electoral mexicano, pues los temas que importan a las y los mexicanos no se votan, como por ejemplo, cuando el país celebra un acuerdo comercial, se realiza un convenio de seguridad o migratorio, o con las reformas constitucionales. “Es decir, los temas que importan no pasan por las urnas ni por el voto”.

Insistió en una reforma en materia de consulta para facilitarla a los ciudadanos y se puedan celebrar periódicamente y no sólo el día de las elecciones y reducir los temas prohibidos. Además, se pronunció por abordar el tema de revocación de mandato. “Es importante contar con un instrumento democrático para destituir al Ejecutivo cuando no satisfaga las expectativas de los ciudadanos, así como la introducción del referéndum para la aprobación de reformas constitucionales y de tratados internacionales”.