• México está reprobado en todas las áreas de políticas de drogas, las cuales son ausencia de respuestas extremas, proporcionalidad y justicia penal, reducción de daños y acceso a medicamentos.

Por: Oscar Nogueda/

Según el Índice Global de Políticas sobre Drogas, publicado por el Consorcio para la Reducción de Daños, México se encuentra en el lugar 26 de los 30 países calificados en materia de política de drogas. Este estudio demostró que la mayoría de los países no cumplen con las recomendaciones básicas de Naciones Unidas sobre este tema.

En ese sentido, este índice muestra que la política mexicana sobre las drogas sigue teniendo un enfoque militarizado y represivo. Por ello, México está reprobado en todas las áreas de políticas de drogas, las cuales son ausencia de respuestas extremas, proporcionalidad y justicia penal, reducción de daños y acceso a medicamentos.

“Con una puntuación general de 36, se encuentra por debajo de Tailandia, Uganda y Nepal, así como de países latinoamericanos como Colombia, Argentina y Costa Rica. Sólo se encuentra en mejor posición que Kenia, Indonesia, Uganda y Brasil”, indicó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

El estudio señala la prevalencia de ejecuciones extrajudiciales en las actividades antinarcóticos, así como la participación de elementos castrenses en estas acciones. Igualmente, menciona la práctica de reclusión forzada en centros de tratamiento y la falla de las leyes actuales en esta materia.

“En gran medida, la aplicación de la política estatal de drogas resulta en el encarcelamiento de personas usuarias de sustancias psicoactivas, debido a su criminalización y estigmatización”, apuntó la CMDPDH.

Aunado a ello, destaca que las violaciones a los derechos humanos son rutinarias y permanecen impunes, así como las personas sospechosas de cometer delitos relacionados con las drogas sufren de tortura y detenciones arbitrarias. Cabe destacar que el informe sostiene que la política de drogas en México tiene un impacto desproporcionado en grupos étnicos, personas de bajo nivel socioeconómico y en las mujeres.

Por otro lado, puntualiza el poco financiamiento para la reducción de daños, la falta de tratamientos de sustitución de opioides de libre acceso y la nula intervención de salud pública que tome en cuenta las necesidades de las personas usuarias.

“Aunque existe una legislación nacional sobre el acceso a medicamentos controlados y la obligación del gobierno de tomar las disposiciones adecuadas para garantizar su disponibilidad, las disparidades dificultan su acceso para el alivio y el tratamiento del dolor. Estas inequidades se afianzan debido a la situación socioeconómica, la etnia y el género de las personas”, agregó la CMDPDH.

Por último, la Comisión llamó a las autoridades mexicanas a trabajar de la mano con la sociedad civil para garantizar los derechos humanos de la población usuaria.