Por: Oscar Nogueda/

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, indicó que el país necesita una política que atienda las causas estructurales de la violencia e impunidad enfocándose en la prevención.

“México demanda un proceso de construcción de paz basado en el acceso a la justicia y el derecho a la verdad, que garantice la reparación del daño y la no reparación”, manifestó González Pérez.

En la Presentación del Estudio Sobre el Impacto y Cumplimiento de las Recomendaciones Generales, Informes Especiales y Pronunciamientos de la CNDH, el ombudsperson nacional apuntó que las irregularidades más frecuentes en la procuración de justicia y de seguridad de justicia fueron los tiempos prolongados sin actuación ministerial, abuso de autoridad, omisiones en la integración de la investigación ministerial, cateos ilegales, detención arbitraria y retención indebida.

“Un elemento trascendental que queda evidenciado es la falta de plena autonomía de las procuradurías y fiscalías de justicia, la debilidad de sus servicios profesionales de carrera y la estructura heterogénea de cada instancia según de la entidad federativa que se trate”, dijo González Pérez.

Ante ello, subrayó que las procuradurías y fiscalías tienen resultados deficientes ante la crisis de inseguridad, ya que, con datos del Censo Nacional de Procuración y Administración de Justicia, la efectividad nacional de la resolución de las carpetas de investigación es de 19.4 por ciento, mientras que Aguascalientes, Chiapas, Guerrero, Jalisco y Quintana Roo tienen una efectividad de menos del 10 por ciento.

A nivel nacional, el promedio de que un delito se denuncie y se resuelva efectivamente es de 1.3 por ciento,sin embargo, Guerrero tiene un promedio de 0.2 por ciento, Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Tamaulipas tienen un porcentaje inferior a 0.6 por ciento.

Asimismo, González Pérez agregó que el presupuesto de las procuradurías y fiscalías tiene variaciones, en la Ciudad de México se destinan 740.57 pesos por personas, mientras que en Tlaxcala son 106 pesos.

Aunado a ello, destacó que es necesario un actuar especializado, diferencial y con perspectiva de género para atender las problemáticas de los grupos vulnerables, así como procurar prisión justificada en lugar de prisión preventiva oficiosa.

También, mencionó que “México necesita de una auténtica política criminal y una política nacional de reparación integral”, con el fin de buscar esquemas que abatan la impunidad y reconstruyan el tejido social.

“En México No sólo se quiere en esfuerzo de pacificación sino desarrollar una cultura de paz, para lo que se requiere una institucionalidad fuerte, de vigencia del Estado de Derecho. Reconocer y respetar los derechos de las personas, garantizar la transparencia, acceso a la información y a la educación; promover la solidaridad y cohesión social y generar esquemas que disminuyan las desigualdades y exclusión”, finalizó González Pérez.