Por: Redacción

La senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Luz María Beristain Navarrete, y especialistas coincidieron en que el presidente Enrique Peña Nieto debería llegar a la reunión de la COP 21, a realizarse en París, Francia, con la nueva Ley de Transición Energética aprobada.

Durante la realización del Panel “Protección del Medio Ambiente y los Recursos Naturales”, como parte de las jornadas de análisis “México y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda Post2015”, la secretaria de la Comisión Especial de Cambio Climático dijo que un grupo de senadores presionan para que en los próximos tres días se puede procesar la Ley de Transición Energética, que fue aprobada en la Cámara de Diputados en diciembre del año pasado.

La legisladora consideró que sería bueno que Enrique Peña Nieto, como jefe del Estado mexicano, llegue a la COP 21 con esta herramienta, pues en su momento ya se aprobó la Ley de Cambio Climático, pero ahora, enfatizó, las senadoras y senadores “debemos entrarle al tema para llegar bien equipados a esta cumbre”.

Aseveró que es importante no posponer más este tema, ya que México no debe de adolecer de este instrumento, pero el Senado, como cámara revisora, tiene la responsabilidad ineludible de abordar el tema, “y hago un llamado, por lo que podríamos generar la sensibilización de los senadores para que se aborde el tema, lo único que se requiere es voluntad política”.

Isabel Studer, directora del Instituto Global para la Sostenibilidad, comentó que el tema de cambio climático es central y relevante, porque implica una transformación de los modelos de desarrollo económico.

Señaló que en la agenda de desarrollo histórica, los temas ambientales estaban marginados, sin embargo, dijo, ahora muchos de los objetivos integrados en la agenda de desarrollo sostenible están vinculados a los temas del medio ambiente.

Comentó que el tema de cambio climático no se puede resolver si no se atiende la transición energética en México y en el mundo; en el país, abundó, tenemos un gran pendiente que se refiere a la Ley de Transición Energética que sigue atorada en el Senado, debido a que el sector minero se opone de forma sistemática a la aprobación de esta ley, que es fundamental para promover una matriz energética diversificada.

Daniel Chacón, de Iniciativa Climática Regional de Latinoamérica, puntualizó que la Ley de Transición Energética da certeza, y México necesita metas de energías renovables en su matriz eléctrica.

Indicó que la ley es indispensable para dar certeza a las inversiones y transitar hacia las energías renovables, además de que prevé la eficiencia energética, las redes energéticas inteligentes, investigación y desarrollo, energías renovables y una serie de ingredientes fundamentales que no están en el marco jurídico actualizado  de la reforma energética.

María del Carmen Carmona Lara, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al abordar el objetivo relativo a asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua, sostuvo que México ha fallado en aterrizar la Ley General de Aguas Nacionales.

Subrayó que el derecho al agua reconoce el derecho de toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico de forma suficiente, salubre y asequible; no obstante no se ha llevado a cabo esta ley.

Por su parte, José Eduardo Rolón, de Causa Natura A.C. y María José Espinosa Romero, de Comunidad y Biodiversidad A.C.; realizaron una exposición conjunta en la que abordaron la situación de la pesca en México, la falta de subsidios para actividades productivas en las zonas sur-sureste del país, en donde, dijeron, realmente hace falta y no en entidades como Sonora y Sinaloa que observan un gran avance en esta materia.

Consideraron que hace falta una reingeniería en la entrega de subsidios, ya que cerca del 80 por ciento de estos se usan para comprar diésel y gasolina, a fin de abaratar el proceso de producción; sin embargo, poco se asignan a generar una mejor producción de los productos pesqueros y a crear actividades económicas diferentes, por ello que sugirieron que exista el pago por servicios por cuidado del mar.

Posteriormente, en el panel denominado Acceso a la Justicia y Mejora Institucional, la senadora Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que México tiene retos fundamentales para garantizar el acceso a la justicia para sus ciudadanos, como una defensa jurídica adecuada, servicios forenses autónomos, un sistema penitenciario adecuado y el respeto al debido proceso.

Al respecto, Rafael Estrada Michel, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, dijo que a través de la creación de instituciones eficaces, responsables e incisivas, en todos los niveles y órdenes de gobierno, se podrá facilitar el acceso a la justicia para todos, de tal forma que se pueda cumplir el objetivo de promover una sociedad pacífica e inclusiva para el desarrollo sostenible.

Señaló que sólo a través de este tipo de instituciones se impulsarán políticas que promuevan un acceso generalizado y no discriminatorio a la justicia, “fortaleciendo su edificación, consolidación y robustecimiento en todos los niveles”.